San José, 12 Dic (Elpaís.cr) – Las opiniones sobre la decisión del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, de levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral, se polarizaron este viernes.
El Frente Amplio fue el primero en convocar a conferencia de prensa luego de que el Gobierno le cumpliera la promesa que le hizo en mayo pasado, cuando conformaron la alianza que llevó a Acción Ciudadana (PAC) al Directorio de la Asamblea Legislativa.
“La Reforma Procesal Laboral es el avance más importante en materia de derechos laborales de los últimos 40 años”, dijo el jefe de fracción de la fracción, Gerardo Vargas, quien además calificó el levantamiento de este veto como «un momento histórico».
“Así como en los años 40 se logró un acuerdo que dio como resultado el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, hoy el Presidente Solís demuestra que Costa Rica quiere seguir caminando por la vía de la seguridad social”, agregó.
La Fracción del PAC, por su parte, respaldó el levantamiento del veto y su jefa, Emilia Molina, señaló que la decisión, de nuevo calificada «histórica del Presidente», facilitará el acceso a justicia pronta y cumplida para las personas trabajadoras.
“Desde la promulgación del Código de Trabajo, hace 70 años, cambiaron las condiciones económicas y sociales del país. Era necesario crear nuevas garantías laborales, ajustadas a la realidad de nuestra sociedad”, señaló Molina.
Tanto Molina como Vargas suscribieron un acuerdo en el que se comprometen y reiteran su compromiso a implementar, tramitar y aprobar el Proyecto Nº 19 306 mediante un procedimiento 208 Bis.
Dicha iniciativa incorpora a la Reforma Procesal Laboral la prohibición absoluta de huelga en la totalidad de los cuerpos de policía y en los servicios de salud de atención de emergencias y de pacientes hospitalizados.
Además, el proyecto somete a consideración el porcentaje de un 30% del total de los trabajadores de una empresa para realizar su asamblea tendiente a decidir sobre el derecho a la huelga.
Oposición. Pero el apoyo a la ahora Ley de la Reforma Procesal Laboral terminó ahí.
Liberación Nacional (PLN) fue el primero en alzar la voz asegurando que esta aprobación expulsaría del país cualquier iniciativa de inversión extranjera porque deja abierta la posibilidad de huelga en cualquier momento para servicios esenciales, según los verdiblancos.
El diputado cristiano Gonzalo Ramirez, concordó con los liberacionistas y además señaló sentirse preocupado por el nuevo poder que tendrán los sindicatos en este panorama.
«La decisión de levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral empodera a los sindicatos y es una mala señal para los empresarios, y eso no creo que sea lo que quiere la mayoría de los costarricenses».
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también resintió esta decisión ejecutiva que además, según han manifestado los rojiazules, golpea en lo más profundo cualquier posibilidad de que su fracción vuelva a unirse con el partido de gobierno.
«Nos preocupa fundamentalmente y nunca podemos estar de acuerdo en que en este país se permitan las huelgas en servicios esenciales y por eso vamos a buscar todos los mecanismos posibles para validar estos puntos en los próximos 18 meses y hay sinceramente un malestar en que no se pudo validar nuestro acuerdo», aseguró el diputado Rafael Ortiz, quien consideró que el PAC le quedó debiendo porque a ellos le prometieron que el veto no se levantaría sino hasta en abril del próximo año.
Pero lo cierto es que la Reforma Procesal Laboral ya es ley de la República y, según los legisladores de oposición a este punto, la siguiente instancia de decisión será la Sala Constitucional, cuando los legisladores presenten acciones de inconstitucionalidad a la decisión de Zapote.
Entre tanto, el Presidente Solís defendió su decisión al señalar que por el fondo, «la reforma a la Ley de Procesal Laboral contribuye a la paz social, pues a partir de mayo del 2016, que es cuando entrará en vigor esta ley, se podrá: descongestionar los estrados judiciales, pues los juicios laborales disminuirán en tiempo gracias a la introducción de la oralidad en el proceso y al establecimiento de mecanismos de conciliación».
Resaltó que la disminución en los tiempos de resolución «hará que los trabajadores no opten por abandonar estos procesos, que hasta el día de hoy duran décadas. Proteger contra despidos abusivos de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia y denunciantes de hostigamiento sexual, también a trabajadores en razón de su religión, etnia y orientación sexual».
«Garantizar el funcionamiento de servicios esenciales en caso de huelga, pues un juez debe autorizarla, previa presentación treinta días antes de un plan que asegure la prestación de esos servicios. Las huelgas tampoco podrían durar más de 30 días calendario, a diferencia de lo que ha ocurrido en las últimas décadas donde hemos visto huelgas de dos o tres meses en diversas instituciones del sector público. Esto algo que no ocurre en este momento y brindará seguridad jurídica a país», defendió Solís Rivera.
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Manuel Saborío
Este es un simple acto de justicia laboral. Nuevamente el PLN, la US y los folclóricos panderetas se unen en contra de la clase trabajadora, a la que demagógicamente dicen defender cuando ocupan sus votos y sus diezmos. Esta reforma no es nada de otro mundo pero creo que aportará paz social; por una parte los empresarios – a los Abel Pacheco les ofreció un monumento- deben comprender que necesitan de los trabajadores y respetar sus derechos. Por otro lado los trabajadores aprenderán a organizarse y defender sus derechos cuando son lesionados. Ningún empleado tratará de destruir una empresa de la que depende ys se siente respetado por su patrón, ni la tratará de exprimir con exigencias que la llevarian a la quiebra. Con mucho amor… decía Pelé.