San José, 11 Feb (Elpaís.cr) – El Directorio de la Asamblea Legislativa señaló este martes que no se referirán de forma directa a los casos en que se les competa, porque darán espacio a «los plazos de ley» antes de referirse a los temas polémicos.
Así lo informó el órgano asegurando que el acuerdo nace a raíz de la divulgación de las rutas de una unidad móvil utilizada por un diputado, el frenteamplista Carlos Hernández, mediante el dispositivo de rastreo satelital, lo cual, según el legislador, puso en riesgo la seguridad y la integridad del diputado, quien solicitó a este órgano un pronunciamiento.
Por ello, el Directorio le respondió que su punto de vista debe ser defendido, también, por el órgano superior de la Asamblea Legislativa y acogieron la decisión de que los funcionarios de la Asamblea no den declaraciones más allá del vocero de la institución, Antonio Ayales.
Sin embargo, lo que generó dudas fue que el anuncio se dio luego de que este lunes la Procuraduría General de la República pidiera la destitución del funcionario del Departamento de Planificación Estratégica, Milton Madriz, y que fue denunciado por la institución procuradora por presuntamente haber cometido el delito de probidad, lo que llevó a que ésta pidiera su renuncia, aunque el Directorio negó la solicitud sin brindar mayor declaración.
Esta acusación sobre Madriz se une a la que ya había caído sobre la presidente del PAC, Kattia Martín, quien es funcionaria en el Congreso y cuyo puesto tiene al Directorio bajo investigación por supuestamente haber inflado su puesto.
Los miembros del Directorio Legislativo, sin embargo, aseguraron que con este acuerdo administrativo, no se limita el derecho que tienen los medios de comunicación y los costarricenses de ser informados, pues se asegura que cualquier solicitud de información será respondida en los plazos de Ley, que es de 7 días hábiles.
«Este Directorio en respeto de las decisiones pasadas sigue la práctica de todas las instituciones públicas que tienen designado un vocero, quién además puede instruir a funcionarios de otras unidades a brindar declaraciones de carácter oficial. Se aclara que esta disposición no violenta en ningún sentido el derecho de los funcionarios legislativos de emitir sus opiniones sobre diversos temas, únicamente separa la posición institucional», señala el comunicado del Directorio en que se anuncia la medida.
