San José, 3 Mar (ElPaís.cr) – La Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, presentó un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (DIH), haciendo constar que el Estado Costarricense ha irrespetado por más de dos años la sentencia dictada sobre Fertilización In Vitro (FIV).
La Defensoría recalca que el Estado Costarricense, “no ha dado pasos efectivos hacia el pleno cumplimiento ni ha tomado medidas coincidentes con una voluntad de acatar la sentencia”, esto a pesar de que la Corte dictó sentencia en contra del país en noviembre del 2012.
Dentro del informe, la entidad especifica que la discusión que se ha abordado desde la Asamblea Legislativa no responde al abordaje inmediato que dictó la Corte sobre el caso FIV, “Artavia y otros vs. Costa Rica”.
Solano expresó que, “no se ha brindado el impulso político necesario para la aprobación de la norma que levante la prohibición de FIV en el país y que regule la implementación de la técnica a pesar de que todas las instancias gubernamentales han señalado que es solamente a través de una norma legal que se podrá implementar la sentencia”.
Además, el ente defensor criticó que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no ha ejecutado nuevas acciones desde junio del 2013; fecha en la que se efectuó el diagnóstico de situación de la FIV y se definieron los requisitos tanto de infraestructura como de recurso humano para la implementación de la técnica.
En la misma línea, la Defensoría considera que existe un cierto tipo de «resistencia institucional» en varias entidades.
En el caso específico de la CCSS, comentó que no se conoce ningún estudio que rectifique posibles proveedores del servicio, ni costos ni un presupuesto previo para estas contrataciones, así como tampoco disponibilidad al respecto.
«La posición de las distintas instituciones que conforman el Estado Costarricense ha sido sostener que mientras no exista una norma legal promulgada en la Asamblea Legislativa, no podrá “levantarse la prohibición», puntualizó la Defensoría.
Solano Carboni instó a las instituciones involucradas así como al Poder Ejecutivo y Legislativo convocar una audiencia que defina un norte para el acatamiento de lo dispuesto por la Corte IDH hace casi tres años.
