En cuestión de horas el señor Presidente de la República realizará su informe anual de labores ante la Asamblea Legislativa, en un acto simbólico que representa la rendición de cuentas ante la ciudadanía. La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública.
A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y la manera de realizarlas. Con la transparencia, se da a conocer si el gobierno está haciendo correctamente lo que difunde y publica a la ciudadanía.
La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.
En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.
La rendición de cuentas significa «la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia». Para McLean, la rendición de cuentas es «el requerimiento para que los representantes den cuenta y respondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o requerimientos que les son señalados y acepten responsabilidad en caso de errores, incompetencia o engaño».
En ocasiones, «control» y «fiscalización» son términos que se usan como sinónimos de rendición de cuentas, a pesar de no serlo. Control y fiscalización son mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no siempre implican la obligación de los gobernantes para informar de manera periódica sobre sus decisiones y acciones. Por ello, el control y la fiscalización son mecanismos de un sistema global de rendición de cuentas, pero éste abarca además otros instrumentos como la transparencia y los informes periódicos que los gobernantes deben rendir a los ciudadanos.
Finalmente, el concepto de «transparencia» también se usa en ocasiones como sinónimo de rendición de cuentas. La transparencia es una característica que abre la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a la información del gobierno. Sin embargo, la transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en la «vitrina pública» para que los interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior. Al igual que en el caso de la fiscalización, la transparencia es sólo un instrumento de un sistema global de rendición de cuentas.
La rendición de cuentas es un concepto impreciso, pero comprender dónde se origina puede ayudar a los ciudadanos a encontrar maneras de que los Gobiernos se hagan responsables de sus acciones.
En el sentido más estricto, la rendición de cuentas es comparable a la responsabilidad de dar respuestas; se refiere a la obligación de dar cuenta de las acciones a determinadas personas, grupos u organizaciones. Sin embargo, en un mundo donde los administradores públicos operan cada vez más en redes intergubernamentales y coaliciones mundiales, descifrar lo que constituye la rendición de cuentas en la gestión pública se ha convertido en una tarea difícil.
Una de las maneras más simples de aclarar el misterio de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos es rastrear las fuentes originales; y examinar cómo se desarrolla a través de diversos niveles y afecta el proceso de toma de decisiones al interior de los Gobiernos.
A continuación, se presentan cinco canales clave para determinar los «puntos de presión» de la rendición de cuentas:
Responsabilidad política
La responsabilidad política es sin duda la forma más sólida de buen gobierno que se sustenta en los principios democráticos. Es un medio para ejercer el control o la supervisión política. Los funcionarios públicos designados rinden cuentas directamente al poder ejecutivo que tiene responsabilidades en la formulación de políticas, que van desde la educación, la defensa nacional hasta la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, también tienen diversas facultades relacionadas con la elaboración de normas delegadas por los legisladores. Estas responsabilidades dictan que los administradores públicos deben rendir cuentas de sus acciones en el contexto del diseño y la implementación de las leyes, normas y regulaciones.
Responsabilidad burocrática
La relación de mando y control típica está en plena vigencia en la rendición de cuentas burocrática. Los directivos de los organismos públicos deben centrar su atención en las prioridades de los que están en la cima de la jerarquía burocrática. El funcionamiento de un sistema de rendición de cuentas de la burocracia requiere una relación organizada y legítima entre el responsable principal y el agente en la que el acto de seguir órdenes es incuestionable, y un sistema de gestión de desempeño estricto de los procedimientos operativos estándar está bien establecido. En este enfoque, la responsabilidad burocrática se logra mediante estrategias, normas administrativas, revisiones del presupuesto o sistemas de gestión del desempeño.
Responsabilidad ante los ciudadanos
Los ciudadanos pueden hacer que los administradores gubernamentales rindan cuentas a través de leyes de participación y foros deliberativos. Vale la pena señalar que en la mayoría de los países occidentales, las presiones de rendición de cuentas impuestas a los administradores públicos por los ciudadanos son una fuerza más bien indirecta, porque los funcionarios designados no son objeto de elecciones (las cuales son una fuente importante de rendición de cuentas para los políticos y legisladores electos). No obstante, una infinidad de innovaciones, a menudo aplicadas a mayor escala mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones, se está concibiendo para potenciar la capacidad de los ciudadanos de acceder directamente a la información burocrática, controlar las actividades gubernamentales y suministrar comentarios en tiempo real sobre la prestación de los servicios públicos. Sin duda, estos instrumentos impulsados por la demanda están provocando una evolución de la rendición de cuentas pública.
Responsabilidad legal
La rendición de cuentas legal se basa en las relaciones entre los miembros de un organismo gubernamental y los legisladores fuera del mismo. Los legisladores pueden imponer sanciones jurídicas o arreglos contractuales formales. Cabe destacar que esta relación difiere del acuerdo entre supervisor y subordinado que se da en la rendición de cuentas burocrática, que es en esencia jerárquica. En la rendición de cuentas legal, las dos partes son autónomas; y se trata de un acuerdo judicial entre legisladores y administradores públicos.
Responsabilidad profesional
La rendición de cuentas profesional se ha convertido en una nueva forma de inculcar disciplina en las actividades gubernamentales. Ocurre cuando los funcionarios públicos dependen de empleados calificados y expertos que ofrecen soluciones adecuadas a problemas técnicamente difíciles y complejos. La autoridad se puede ejercer a través de estándares de desempeño, códigos de ética, o el otorgamiento de licencias para trabajar en el Gobierno. Los especialistas técnicos de organismos públicos, como el personal médico o jurídico, pueden ser objeto de investigaciones o sanciones por parte de comités de examen o comités disciplinarios de sus profesiones. La rendición de cuentas profesional se puede fortalecer cuando los administradores públicos están más expuestos a estándares profesionales reconocidos internacionalmente.
Por último, en nuestro mundo interconectado, los administradores públicos por lo general enfrentan múltiples canales de presiones de rendición de cuentas internos y externos, y las diferentes corrientes de rendición de cuentas a menudo entran en conflicto. En la práctica, las leyes o procedimientos administrativos que están codificados a veces pueden ir en contra de lo que el juicio profesional o los valores éticos exigen. Para lograr efectivamente que los Gobiernos sean responsables es fundamental contar con una perspectiva integrada que organice las dinámicas que chocan entre sí de los diversos mecanismos de rendición de cuentas.
El principal dilema referente a la rendición de cuentas y la transparencia es el decidir si es una responsabilidad voluntaria o una obligación legal de las instituciones y servidores públicos para reportar las actividades del Gobierno.
Para responder a este dilema, surgieron a finales de los setenta, dos enfoques considerablemente distintos de la gestión pública (Bozeman), uno de ellos provenía de la orientación de las escuelas de políticas públicas, mientras que el otro estaba influido por las escuelas de comercio y los avances ocurridos en la administración pública. De esta forma, el enfoque de las escuelas de comercio está más orientado a los procesos, a diseño de organizaciones, personal y presupuestos; mientras el enfoque de las escuelas de políticas públicas es el lado blando de la política destacando las divergencias entre el sector público y el privado.
No hay duda de que la evaluación del funcionamiento de las políticas públicas y del desempeño de las instituciones gubernamentales, sólo puede hacerse mediante el monitoreo de las decisiones del Gobierno y sus costos implícitos. Y es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas un aspecto fundamental de las sociedades democráticas ya que todos los integrantes de la sociedad se encuentran en pleno derecho de exigir el buen funcionamiento del Gobierno. Además, salvaguardan el principio de equidad, al evitar los actos de corrupción y poner a toda la sociedad bajo las mismas circunstancias.
De ahí la importancia de desarrollar los instrumentos necesarios que permitan examinar los grados de transparencia del país. Cabe destacar que esta medición no es tarea fácil, y existen organizaciones internacionales que se dedican a tratar de medir los grados de transparencia, los índices de corrupción, niveles de opacidad, etcétera, con la finalidad de ayudar a los países desarrollados a captar mayores recursos de inversión extranjera.
Con estas consideraciones en mente esperaremos el informe del señor Presidente de la Republica, del cual queremos no nos defraude, pues sería terrible para la confianza de los ciudadanos, el fortalecimiento de la democracia, y la desorientación general, que se redujera a solamente señalar logros y culpables del pasado de la actual situación en que se encuentra el país. Y, sobre todo, su responsabilidad es aún mayor por cuanto el respaldo que se le dio en las urnas fue contundente.
Alfonso J. Palacios Echeverría
