San José, 19 May (ElPaís.cr) – Tras la Primera Cumbre Iberoamericana contra la migración y trata de personas, el Consejo Rector de la Federación del Ombudsman (FIO), aseguró que una gran mayoría de las cárceles no protegen la dignidad humana.
Mediante un comunicado, se reconoció que esta es una situación con antecedentes históricos, los cuales demuestran que humana y estructuralmente hay un vacío de resguardo a los presos.
Miembros de la FIO en conjunto con personeros del Consejo Rector, expresaron su preocupación por el aumento significativo de la población carcelaria en las últimas dos décadas; mismas que según aclararon cada vez de les torna más difícil la reinserción a la sociedad.
«Los sistemas carcelarios de la mayor parte de países en que operan las instituciones que, integran la FIO se ven aquejados por problemáticas comunes, como la ausencia de presupuesto, insuficiente instrucción al personal llamado a la custodia y un deficiente acceso de los internos a la administración de la justicia», indicó el ente rector.
Ante esto, el Consejo considera que los Gobiernos de estos países, tal es el caso del mandato de Luis Guillermo Solís; deberán revisar y analizar la política criminal.
Para este grupo interno de la FIO, existe una invisibilidad del problema de la criminalizacion a nivel mundial, por lo que recomendó que luego de hacer un estudio, se reconsideren opciones de castigo que no necesariamente estén vinculados con cárcel.
Manuel María Páez Monges, Presidente de la FIO mencionó que de parte de la entidad lo que se está enviando es una exhortación a los Gobiernos, con el objetivo de suscribir y ratificar el Protocolo Facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos de penas crueles e inhumanos.
Este protocolo en mención del jerarca de la Federación, es un mecanismo internacional que tiene objetivó prever y resguardar la inclusión social.
El Presidente de la FIO también insto a los países que la conforman a dejar de lado el discurso oficialista manejado hasta la fecha, bajo el cual se argumenta la necesidad de establecer penas de cárcel más rígidas en vez de optar por medidas alternativas.
