San José, 29 May (Elpaís.cr) – En el marco del Día Nacional de la Discapacidad, la Defensoría de los Habitantes denunció que aún es típico en el país, encontrarse empresas autobuseras que incumplen la reglamentación sobre las rampas, exigida en la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
Esta acusación se da porque en abril anterior la Defensora de los Habitantes y un equipo de profesionales de la Defensoría realizaron una inspección para verificar el grado de cumplimiento de la obligación de instalar rampas en los autobuses, donde se inspeccionaron 103 autobuses en diferentes regiones del país, de las cuales 101 contaban con rampas, lo que equivale a un 98% y 2 no tenían rampas.
Lo preocupante, según la Defensoría, es que de los autobuses que contaban con rampas, el 23 % no funcionaban, que para los efectos prácticos es como si no la tuvieran.
«Es importante reflexionar sobre el derecho de acceso al transporte público, pues se trata de un servicio público indispensable para muchas personas, en particular, para las que presentan discapacidad y requieren del servicio de autobús para movilizarse a los centros de estudio, de trabajo, de salud o de recreación», aseguró la defensora Monserrat Solano.
En el año 2006, la Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad fue reformada, con la finalidad de ampliar el plazo para que las empresas autobuseras cumplieran con la obligación de adaptar su flota de autobuses a las normas técnicas de accesibilidad, básicamente la instalación de dispositivos mecánicos hidráulicos adecuados de ingreso y descenso, conocidas como rampas.
Así las cosas, al 31 de diciembre de 2014 todas las unidades de transporte público del país debían cumplir con tal obligación y mantener este servicio en buen estado.
Según la Defensoría, la región que mostró mayor cumplimiento fue la Huetar Norte con el 100% de autobuses y la región que mostró el menor cumplimiento fue la Pacífica Central con el 23%.
Se inspeccionó también que los autobuses contaran con asientos preferenciales de conformidad con los requisitos establecidos por la Ley N° 7600 y su Reglamento, arrojando como resultado que 101 cumplía con tal medida, 96 autobuses tenían los asientos preferenciales cercanos a la puerta de entrada y 65 tenían los asientos con el piso liso.
«Si bien ésta es una muestra aleatoria de autobuses lo cierto es que evidencia que las empresas de transporte público han hecho un esfuerzo por cumplir con las normas técnicas de accesibilidad, sin embargo, no ha sido suficiente para completar satisfactoriamente con la obligación de garantizar la accesibilidad de todos los autobuses y la Defensoría de los Habitantes ha continuado recibiendo denuncias por la negación del servicio transporte público a las personas con discapacidad, por parte de los conductores», aseguró el ente defensor.
Respecto de otros derechos que les son violentados a las personas con discapacidad, la institución aseguró que se han presentado denuncias por ausencia de aceras o por mal estado de éstas, por edificios públicos y privados que no cumplen con los requisitos técnicos de la Ley N° 7600 y por la falta de señalización de espacios reservados para vehículos que transportan personas con discapacidad, además de la negativa del Ministerio de Transportes de emitir un distintivo oficial que porten los vehículos en los que se transportan personas con discapacidad.
Otro tema por el cual presentan denuncias es por la condición de abandono de las personas con discapacidad en condición de dependencia, es decir, que no tienen la capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria y que en muchos casos son dejados a su suerte.
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Gonz-gonz
¿Quiere realmente esa Defensoría ayudar a los usuarios del transporte colectivo automotor, y que se deje de tanta paja? Sencillo, muéstrenos públicamente a los ciudadanos ese adefesio de metodología para cálculo de estas tarifas, que la inservible actual Aresep aprobó?. Verá un grueso sector de usuarios (los más preocupados y estudiosos) de cómo La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, mandó al carajo el sano principio del »servicio al costo» para darle todas las ventajas especulativas a los más ricos empresarios de autobuses del país, seguramente -se le oye decir al pueblo- para gratificar las donaciones en especie o sea autobuses a la orden de los mafiosos partidos del PLUSC. Hoy, y desde algunos años para acá, todos pagamos una tarifa que no responde a la realidad del costo, ni mucho menos de los ingresos, porque descarta sobremanera la valoración contable de la actividad.