San José, 20 Jul (ElPaís.cr) – La Fundación Neotrópica aseguró que los intentos por mejorar la justa distribución y manejo del recurso hídrico en Costa Rica datan de 1980 y aun no fructifican.
Por ello, aseguró que dejar que la Asamblea Legislativa entierre el Proyecto de Ley, significaría la mayor regresión ambiental para el país.
La Fundación Neotrópica explicó en un boletín que ha dado seguimiento y apoyo a la iniciativa popular para la nueva Ley de Aguas, “siendo este un tema de su especial interés, no sólo por la gran importancia que este recurso tiene para el bienestar de los habitantes de nuestro país, sino por las consecuencias que ha generado su manejo insostenible”.
“Son estas consecuencias las que viven hoy zonas como Guanacaste, asfixiada por la falta de este preciado recurso no solamente por la carencia de infraestructura o inversión, sino por la ausencia de herramientas legales que garanticen su sostenibilidad y justa distribución”, agregó.
Neotrópica precisó que el proyecto de Ley de Aguas nació como iniciativa popular y luego fue consensuado por una amplia representación de sectores para dar gestión integral a los recursos hídricos del país, estableciendo el agua como derecho humano tanto en calidad como cantidad, dándole cualidad de bien de dominio público (cerrando toda posibilidad de privatización), ordenando las prioridades en los usos, abriendo la participación social en las decisiones sobre su gestión y mejorando los mecanismos de financiamiento para la implementación de estos conceptos.
Minería de Agua
Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de Fundación Neotrópica, explicó que la Ley de Aguas vigente es de hace setenta y tres años y por lo tanto, no responde a las necesidades de la Costa Rica actual.
«Por el contrario, favorece la minería de agua y genera conflictos ambientales que le cuestan mucho dinero al país. Basta con referirse a la crisis del agua en Guanacaste, la provincia de los pozos secos, para entender el nivel de envergadura del tema que está en juego”, resaltó.
«Si permitimos que la Asamblea Legislativa entierre este proyecto, significaría la mayor regresión ambiental para el país. Es un esfuerzo nacional que debe ser aprobado», comentó