San José, 5 Nov (Elpaís.cr) – Pese a una resolución de la Sala IV sobre las medidas para resguardar los acuíferos de Barva y Río Segundo, ante la operación de un tajo y su posible afectación, la Defensoría de los Habitantes constató que existe una débil coordinación interinstitucional para cumplir con la sentencia, por lo tanto, el recurso hídrico se encuentra vulnerable.
Según una resolución de la Sala Constitucional, el Ministerio de Ambiente y Energía; el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San Rafael de Heredia y al Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA), debían tomar medidas para la protección de los acuíferos de la zona.
Una de esas medidas es realizar estudios hidrogeológicos de contaminación por medio de hidrocarburos; realizar un estudio hidrológico exhaustivo, también un estudio de las zonas de protección y la influencia o afluencia de los acuíferos. Asimismo, requirió medir el nivel de profundidad de explotación para evaluar el impacto del tajo sobre los recursos subterráneos.
La concesión de dicho tajo vence en abril del 2016 y puede ser renovada sin haberse resuelto los cuestionamientos sobre su operación y la afectación a los mantos acuíferos.
Por esa razón, el órgano defensor aseguró que las instituciones involucradas deben verificar su funcionamiento adecuado y el cumplimiento de los requisitos mínimos, así como los compromisos adquiridos por la empresa en el cronograma elaborado por SENARA.
