San José, 27 Nov (ElPaís.cr) – Un acuerdo entre las Repúblicas de Costa Rica y de Ecuador busca consolidar una mayor protección, conservación, recuperación y restitución de bienes de patrimonio cultural que en algún momento hayan sido víctima de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o incluso comerciados ilícitamente.
Este convenio fue dictaminado bajo el expediente legislativo 19. 615 en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa.
En este acuerdo ambos Estados se comprometen a: «combatir por todos los medios el ingreso a su territorio de los bienes patrimoniales arqueológicos, artísticos, históricos y culturales, que no hayan cumplido con las formalidades de importación o de exportación legalmente establecidas en cada país, así como incorporar en sus acciones la penalización del tráfico ilícito de bienes patrimoniales culturales para combatir la oferta y demanda de éstos, así como del crimen organizado».
El proyecto también contempla una clausula para coleccionistas y vendedores de antigüedades que pretende que la venta y adquisición de bienes culturales obtenidos de forma ilegal puedan ser devueltos con la prontitud del caso o en dado caso estas personas tendrán que hacer frente a las responsabilidades penales estipuladas en el proyecto.
El legislador frenteamplista, Edgardo Araya, explicó que cualquier persona que se considere latinoamericanista debería apoyar este convenio ya que resguarda y promueve la protección y conservación del patrimonio cultural en su lugar de origen, en este caso específico en los bienes entre Ecuador y Costa Rica.
«Consideramos que es fundamental estrechar estos lazos para recuperar tanto patrimonio que tiene Costa Rica en Ecuador y viceversa, creo que la cooperación latinoamericana para protección de nuestros bienes culturales es una medida que debe recibir mayor apoyo por parte de esta asamblea», indicó Araya Sibaja.
Con base en lo expuesto en la comisión el convenio también enfatiza que se debe facilitar la asistencia administrativa y/o judicial en la prevención del robo, urto y otro tipo de prácticas que puedan causar que patrimonio nacional termine en otros países o incluso con el paso del tiempo se pierda el conocimiento de su paradero.
