Guatemala, 22 ene (EFE).- Una abogada de Guatemala solicitó un antejuicio contra el ministro de Defensa, Williams Mansilla, por los delitos de «abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, revelación de secretos y resoluciones violatorias a la Constitución».
Mansilla entregó a la Fiscalía, «sin orden judicial» de por medio, documentación clasificada como «secreto militar» relacionada con el caso Creompaz, en el que 14 militares retirados están acusados de participar en al menos 558 desapariciones forzadas de indígenas durante la década de 1980.
La letrada que interpuso la solicitud, Thelma Inés Pelaez, asegura en su escrito que Mansilla realizó un «gran daño continuado» poniendo «en peligro las acciones militares amparadas por la Constitución» al revelar información sobre el caso, que tiene en prisión a 11 de los 14 acusados.
Pelaez alude en su solicitud al artículo 30 de la Carta Magna, en el que se dice que todos los actos de la administración son «públicos», con derecho a obtener información de los mismos, «salvo que se trate de asuntos militares» o diplomáticos de seguridad nacional.
«A pesar que el Ministerio Público sin orden judicial solicitó cualquier cantidad de información sin justificar al ente contralor las razones y motivaciones, el señor Mansilla (…) entregó documentos», manifestó la abogada, que añade que algunos de ellos fueron rechazados por la jueza del caso, Claudette Domínguez.
La abogada, que dice que el ministro entregó la documentación de la manera «más simple y sencilla», entiende que hay «indicios racionales que llevan a determinar» que Mansilla puede haber cometido los delitos denunciados, por lo que pide declarar «con lugar el antejuicio» para «dilucidar la situación».
En el escrito, con fecha del 21 de enero y presentado este viernes, exigió además solicitar a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa copia de «toda la información» facilitada.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que la petición, ahora en manos del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, será trasladada entre hoy y mañana sábado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que adopte una resolución.
Los militares retirados están acusados de los delitos de desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad por parte del Ministerio Público, que ahora debe completar la investigación, en un plazo de tres meses, para que la jueza a cargo, Claudette Domínguez, decida si se realiza un juicio oral y público. EFE
