Defensoría de los Habitantes afirma incumplimiento de FIV es por falta de voluntad política

San José, 22 Feb (ElPaís.cr) – Falta de voluntad política, esa fue la principal causa a la que apuntó la Defensoría de los Habitantes en su tercer informe que se presenta este lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el incumplimiento de la sentencia que mantiene suspendida la Fecundación In Vitro (FIV) en Costa Rica.

En dicho informe, la Defensora Montserrat Solano hizo un resumen de los hechos más relevantes a nivel nacional e internacional desde la sentencia que dictó la Corte en el año 2012, misma que advertía y obligaba al Estado costarricense a respetar el derecho de FIV a aquellas parejas que tuviesen inconvenientes para procrear de forma natural, y de no ser así Costa Rica tendría que responsabilizarse por las respectivas consecuencias.

Solano Carboni responsabilizó a tres entes estatales que son: la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.

Según la jerarca, en el Congreso hay una serie de medidas adoptadas por algunos legisladores que tienen como único fin obstaculizar el avance de la inseminación artificial. Además, mencionó que en cuanto al Poder Judicial hay fallos en la interpretación de las sentencias de la CIDH, mientras que en la CCSS no se han tomado las acciones necesarias para cumplir con el funcionamiento de la técnica.

«A estas alturas el incumplimiento del país no se debe por falta de capacidad, sino por una falta de voluntad compartida entre diferentes actores de los supremos poderes y entes del Estado», indicó Carboni.

La defensora aclaró que el proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa no es acorde a los estándares técnicos internacionales, y al contrario está diseñado bajo principios éticos y religiosos de un grupo selecto de congresistas.

Cabe recordar, que debido a que un día antes de que se cumpliera el plazo para que Costa Rica avalará FIV el Poder Legislativo no había aprobado el proyecto ni consensuado una decisión al respecto, Luis Guillermo Solís, Presidente de la República firmó un decreto ejecutivo para regular dicha práctica a nivel nacional.

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Sin embargo, las diferencias de criterios entre diputados hizo que el grupo de diputados cristianos denominado «Bloque por la vida» interpusiera un recurso de amparo ante la Sala IV, denunciando que la intención del Gobierno de regular FIV mediante un decreto tenía roces constitucionales.

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Eventualmente, el pasado 3 de febrero la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso, fallando así a favor de los congresistas cristianos y determinando que este tema solo se podría regular vía ley. Por tanto, el dictamen de la Sala señaló que el decreto “quebranta el principio de reserva de ley, toda vez que para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana se requiere de una ley formal, de conformidad con el artículo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Ante esto, el Gobierno de la República aseguró su respeto a las competencias de la Asamblea Legislativa y de la Sala Constitucional en esta materia; sin embargo, recalcó que  requiere la vigencia temporal del decreto mientras no exista una norma legal para regule la materia de manera adecuada.

Solano Carboni recomendó junto con su equipo de trabajo en el informe que mientras no exista una ley, el Estado debe resguardar el derecho en cuestión a las parejas afectadas, y momentariamente suspender los efectos que tiene el dictamen de la Sala Constitucional.