San José, 26 Abr (ElPaís.cr).- La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), con el fin de desarrollar el tren eléctrico en el Gran Área Metropolitana (GAM).
La iniciativa autoriza al INCOFER a obtener financiamiento mediante el endeudamiento externo e interno hasta por un 40% en relación con sus activos totales, además propone actualizar el régimen de expropiaciones que aplica la institución, esto quiere decir que con dicha ley la entidad podrá aplicar el régimen especial de contratación administrativa
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Javier Cambronero Arguedas, indicó que Costa Rica cometió el error de debilitar el sistema de transporte ferroviario. Por eso, este proyecto es un paso para mejorar los servicios que ofrece INCOFER.
«Lo que nos interesa en contar con un sistema de transporte ferroviario eficiente que ayude a satisfacer las necesidades de movilidad de los costarricenses. Afrontamos un problema enorme de colapso vial y es imprescindible que contemos con el servicio de trenes en la mayor cantidad de regiones posibles» señaló el diputado del PAC.
Para el diputado del Frente Amplio (FA), Edgardo Araya, este proyecto pretende, «enmendar el error histórico del desmantelamiento de INCOFER, porque plantea varias propuestas para facilitar y fomentar que la institución pueda desarrollar un mordeno sistema de transporte mediante un tren eléctrico interurbano. No puede ser que tengamos trenes del siglo pasado y una red ferroviaria absolutamente deteriorada».
Mientras algunos diputados consideran que restarle fuerza a la institución hace muchos años fue una «torpeza política», otros señalan que esto servirá única y exclusivamente para aumentar prácticas no deseadas a nivel institucional.
Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario (ML), criticó algunos aspectos del proyecto, y cuestionó los altos salarios que se pagan en la institución.
«Lo interesante es que según menciona el INCOFER el valor de sus activos asciende a más de $1.100 millones e incorpora dentro de esta cifra sus bienes demaniales que constituyen los derechos de vía, entonces está utilizando los derechos de vía para efectos de determinar un monto que le permita endeudarse, además no queda claro el tema de la garantía».
Guevara impulsa que sea una empresa privada la que construya y administre el proyecto.
El proyecto fue aprobado con 39 legisladores a favor y tuvo la oposición del libertario y de la mayoría de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Por su parte, el socialcristiano Luis Vásquez dijo que, «es muy peligroso que queramos comparar al INCOFER con el ICE, son dos instituciones muy diferentes. El ICE es y seguirá siendo por el momento una entidad que está en plena competencia, el INCOFER no».
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Por su parte, los liberacionistas celebraron que la entidad deba apegarse a las disposiciones de contratación administrativa, y señalaron que hay algunos congresistas que han querido tergiversar esta información, solo porque en algún momento se consideró como una opción.
Julio Rojas, actual Jefe de bancada, manifestó que las modificaciones realizadas al texto en días anteriores tuvieron como fin único dotar a la entidad de herramientas que le permitan desarrollar una mejor obra pública alrededor del país, y a la vez co ayudar a mejorar el servicio de transporte colectivo, lo cual también disminuirá el congestionamiento vial.
Los congresistas esperan poder votar el proyecto en segundo debate durante el transcurso de la semana, antes de que terminen las sesiones que conforman la agenda de extraordinarias; sin embargo algunas fracciones opositores como el PUSC y el Libertario anunciaron que utilizarán todos los medios posibles para impedir que el proyecto se convierta en Ley de la República, al menos tal y como está.
