Bogotá, 2 may (Sputnik).- El Gobierno de Colombia se pronunció este lunes en contra de que los líderes de las FARC expongan ante la Corte Constitucional sus argumentos para que los acuerdos de paz sean reconocidos como un tratado con rango constitucional y no puedan ser desconocidos por ninguna autoridad ni ley.
«La posición del Gobierno es que mientras los señores de las FARC no dejen las armas y se desmovilicen, no vemos conveniente que vayan ante la Corte», dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para explicar la negativa del Gobierno, según declaraciones que publica el diario local El Espectador.
Cristo enfatizó en que de ningún modo pueden acudir a la Corte Constitucional jefes militares de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que todavía están en armas, ya que puede ser perjudicial para la institucionalidad del país, aunque dejó abierta la posibilidad de que un abogado represente al grupo insurgente ante el Alto Tribunal.
El debate ha cobrado importancia luego de que el pasado 28 de marzo Montealegre interpuso una demanda contra el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto del 2012, con el que se dio inicio al proceso de paz en La Habana, con lo cual busca proteger los acuerdos para que los mismos sean interpretados por la Corte como un tratado de paz o tratado internacional que tenga fuerza vinculante para todas las instituciones.
De tal modo, «no será posible que un nuevo gobierno desconozca los acuerdos con las FARC. Por tener fuerza normativa equivalente a la de un tratado, su modificación solo podría lograrse con un nuevo acuerdo entre las partes actoras del conflicto», explicó Montealegre el domingo en entrevista con El Espectador, por lo cual los acuerdos no puedan ser modificados ni siquiera por una iniciativa popular, un plebiscito o un referendo.
Este lunes, sectores sociales del país han entrado en controversia con la iniciativa del exfiscal a raíz de que la Corte Constitucional les ha pedido a las FARC que entreguen un concepto jurídico que, al igual que los de otros sectores, será tenido en cuenta en medio de la demanda que estudia esa corporación, lo que significa que les dará trato de ciudadanos y no de criminales a los jefes guerrilleros, aún cuando esa guerrilla es considerada un grupo ilegal hasta tanto no firme la paz.
Por el momento se desconoce la posición que presentará el Gobierno ante la Corte Constitucional, pues los argumentos aún son materia de estudio por parte del presidente Juan Manuel Santos, señaló, El Espectador.
El Gobierno colombiano mantiene diálogos de paz con las FARC en La Habana desde noviembre de 2012 con el objetivo de lograr un armisticio que ponga fin a un conflicto armado interno de más de medio siglo de existencia, el cual deja 7,8 millones de damnificados y más de 220.000 muertos, según reportes oficiales. (Sputnik)
