Río de Janeiro (Brasil), 2 may (Sputnik).- El fiscal general de la República de Brasil, Rodrigo Janot, envió el pasado viernes una solicitud al Tribunal Supremo Federal (TSF) para la instauración de cuatro investigaciones criminales en base a las declaraciones ante la Justicia del exsenador del Partido de los Trabajadores (PT), Delcidio Amaral.
En concreto, el senador detenido en el contexto de la Operación Lava Jato habría señalado a dos de los implicados en la construcción y puestas en marcha del «impeachment» o moción de censura contra la presidenta Dilma Rousseff, es decir, el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, y el líder de la oposición, Aécio Neves.
El presidente nacional del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB), Aécio Neves, había sido acusado por el senador Amaral de haber recibido numerosos sobornos a través de la red corrupta en la empresa Furnas Centrales Eléctricas, de intentar ocultar los datos de la investigación de los Correos en 2005 y de «ser el beneficiario de una fundación con sede en un paraíso fiscal».
Sin embargo, la asesoría de prensa del senador Neves resaltó por medio de un comunicado oficial difundido este lunes que «las investigaciones irán a demostrar, como ya ocurrió otras veces, la corrección de su conducta» y, en relación a las acusaciones de Amaral, que «no existe ninguna prueba o indicio de cualquier irregularidad que hubiese sido cometida».
En cuanto a Eduardo Cunha, considerado como el auténtico impulsor del «impeachment» e imputado por la Operación Lava Jato ante el TSF, las acusaciones de Amaral habrían girado en torno a su participación en la red de corrupción en Petrobras así como en la empresa Furnas Centrales Eléctricas en la que sería su sexta investigación pendiente con la Justicia de Brasil.
Cabe recordar que el pasado martes 26 de abril el magistrado del TSF, Teori Zavascki, aceptó dos nuevas denuncias por corrupción interpuestas por la Fiscalía General de la República contra Cunha quien acumuló en aquel momento un total de cinco denuncias entre las que se incluyó una petición de pérdida de mandato.
Otra de las peticiones a tener en cuenta fue la de investigar al magistrado del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Vital do Rego, uno de los encargados del informe que supuso el arranque del proceso de «impeachment» contra Rousseff, por haber cobrado supuestos sobornos para evitar las investigaciones sobre notables empresarios de la Operación Lava Jato en la comisión parlamente de investigación de Petrobras.
Finalmente, la petición de Janot se centró también en el exministro de Comunicación Social en el gobierno de Rousseff, Edinho Silva, quien además actuó como tesorero de la campaña presidencial en 2010, así como el expresidente de la Cámara de los Diputados, Marco Maía, también miembro del PT y señalado por su vinculación con la red de corrupción investigada en la Operación Lava Jato. (Sputnik)
