Las causas son siempre las mismas

A medida que transcurren los días en Brasil salen a la luz, por los medios de comunicación masiva, grabaciones entre altas autoridades del Gobierno y el Senado con empresarios y Diputados, relacionadas todas con las causas reales de la destitución de Dilma Rousseff: tapar las pruebas de inmensa red de corrupción y latrocinio establecida en ese país entre funcionarios públicos, legisladores y empresarios.

Ya tenemos noticia de las conversaciones del exministro de planificación del gobierno interino, que tuvo que renunciar por ello, y del presidente del Senado con un empresario corrupto. Y en ellas se mencionan nombres propios. Pero lo más grave es lo que dicen el empresario y el senador, y transcribo: el presidente del Senado relató como todos los políticos de Brasilia estaban “con miedo” de la Operación Lava Jato y como el líder del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB), Aécio Neves, le habría pedido ayuda para escapar de las confesiones premiadas del exsenador del Partido de los Trabajadores (PT), Delcidio Amaral. Por último, Calheiros (Presidente del Senado) recordó a Machado (empresario) que la constructora Odebrecht, la mayor empresa de la red de corrupción en Petrobras, “va a enseñar las cuentas” lo que inmediatamente es respondido por el empresario con un “no va a escapar nadie, de ningún partido” y “del Congreso si quedan cinco o seis ya es mucho, gobernadores ninguno”.

Por otro lado, en una conversación que salió a la luz este lunes, grabada en marzo pasado, Romero Jucá le sugiere al ex presidente de Transpetro Sergio Machado que un cambio en el gobierno y la llegada al poder de Michel Tremer podrían propiciar la creación de un «pacto nacional» que «delimitase» la conocida Operación Lava Jato. El diálogo entre Jucá y Machado, de más de una hora, tuvo lugar semanas antes de que la Cámara de los Diputados votara a favor de la apertura de un juicio político contra la presidente Dilma Rousseff, quien ha sido suspendida de su cargo por el Congreso por un lapso de 180 días. De acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo, el contenido de la grabación está en manos de la Fiscalía.

En conclusión, la causa de la suspensión de la Presidenta del Brasil y su eventual destitución, es nada más y nada menos que una inmensa confabulación entre funcionarios, empresarios y legisladores, muchos de ellos ‘auténticos delincuentes de cuello blanco’ que se encuentran en este momento formando parte del gobierno interino, con el fin de tratar de detener las investigaciones promovidas por Dilma Rousseff sobre los casos de corrupción.

Pero lo más desagradable de todo resultó que el presidente interino, Tremer, ha sido informante del gobierno de los Estados Unidos, lo cual pone en duda su patriotismo, y levanta sospechas acerca de si detrás de todo se encuentran los intereses norteamericanos, que miran con codicia la Amazonía.

Algo parecido le sucedió al Presidente de Honduras, y se sabe que según uno de los documentos filtrados por Wikileaks, (y que puede consultarse en inglés pulsando aquí), la Embajada de EE.UU. en Honduras remitió a Washington, el 24 julio de 2009, un “Memo Confidencial” donde efectuaba un análisis de la destitución del Presidente Manuel Zelaya. En el mismo se afirma textualmente que “la remoción de Zelaya llevada a cabo por militares fue claramente ilegal”. También se destaca que el Congreso hondureño carecía de facultades para destituir al Presidente.

Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos legitimó las elecciones propuestas por el gobierno golpista, que llevaron a la presidencia a Porfirio Lobo.

La exsecretaria del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, Hillary Clinton, reveló que influyó en Honduras para impedir que Manuel Zelaya regresara a la presidencia, luego del derrocamiento en junio de 2009. Hillary admitió que “en los días siguientes del golpe hablé con mis homólogos de todo el hemisferio, incluida la secretaria Patricia Espinosa en México con el objetivo de organizar «rápidamente» unas elecciones que tuvieran como resultado hacer irrelevante la cuestión de Zelaya», de acuerdo con las confesiones plasmadas en su libro Decisiones Difíciles. (Y esta es la señora que quiere ser elegida Presidente de los Estados Unidos).

La destitución de Fernando Lugo como Presidente de Paraguay en 2012, se convirtió en un hito que perturbó la democracia en el Cono Sur y que dejó, como tantas veces, un balance de campesinos muertos y desplazados con la masacre de Curuguaty. En un reportaje de la serie de Natalia Viana, de Agencia Pública de Brasil, se entregan las claves que ilustran sobre el entramado de intereses y millones que jugaron en la crisis y destitución del obispo. Los cables de wikileaks muestran el rol secreto de EE.UU. en la preparación del “golpe” y en la entrega de millones a FF.AA. y Corte Suprema “sin rastro”, como escribió la embajadora de ese país.

Al día siguiente de la publicación del informe de la OEA sobre la destitución de Fernando Lugo, el gobierno de Barack Obama declaró su apoyo a Federico Franco. “No existen razones para que Paraguay sea suspendido en la OEA”, afirmó la secretaria adjunta de Estado para las Américas, Roberta Jacobson, en conferencia de prensa. “Lo que realmente queremos es enfocarnos en el futuro”, dijo. “Veo Paraguay como una forma de unirnos en la región para apoyar la democracia paraguaya y no como un tema que exacerbe las divisiones”. “¿Entonces no fue un Golpe de Estado?”, preguntó un periodista. “No voy a responder a esa pregunta”, retrucó, irritada, la secretaria.

La influencia norteamericana en Paraguay no es sólo un asunto diplomático. A través de donaciones administradas por USAID de más de 100 millones de dólares (en cinco años) a empresas, ONGs y órganos gubernamentales dificilísimos de monitorear, los norteamericanos se garantizaron su proximidad a diversas esferas de poder en Paraguay: “Actores políticos de todos los espectros nos buscan para oír consejos”, resumió la ex embajadora Ayala en la misma relatoría confidencial. “Y nuestra influencia aquí es mucho mayor que nuestro rastro”, indicó.

El entrenamiento de las fuerzas de seguridad paraguayas figura entre los principales programas financiados por USAID. Entre 2005 y 2010, casi mil militares y policías –en su mayoría en 2009, año siguiente a la asunción de Lugo—fueron entrenados así y de este programa salieron algunos comandantes de las Fuerzas Armadas nombrados por Franco cuando asumió el poder.

La Policía Nacional fue la responsable por la operación que resultó en la matanza de Curuguaty. El Ministerio Público, que se basó exclusivamente en testimonios de los policías para atribuir a los campesinos la culpa por la masacre, y la Corte Suprema, que negó dos recursos promovidos por la defensa de Lugo, también fueron beneficiados por programas de USAID.

Lo que tienen en común Rousseff, Zelaya y Lugo, está a la vista: un interés mayor en impulsar programas sociales a favor de las poblaciones menos favorecidas, detener la corrupción, y frenar el latrocinio neoliberal instaurado por políticos y empresarios, así como el intervencionismo descarado de los EEUU en sus países.

Y resulta sumamente interesante lo que señaló el periodista Nil Nikandrov en el 2015: el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha estado coordinando llevar a cabo una presunta guerra contra los presidentes de Gobierno progresistas de América Latina debido a que las políticas utilizadas por los mandatarios van en contra de los intereses norteamericanos. Nikandrov expresó que en las embajadas americanas ubicadas en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina se estaban organizando campañas para la destitución de los presidentes “indeseables”.

Por todo lo anterior, cuando veo a los partidos políticos de oposición en Costa Rica, clamar que el Presidente emita una condena de lo que está sucediendo en Venezuela, desde todo punto de vista ciertamente lamentable, y la reacción del Ejecutivo, de mantener  una distancia prudente y no interferir en las decisiones soberanas de otros países, me queda la duda de si estarán estos partidos políticos y sus diputados recibiendo instrucciones de la Embajada de los Estados Unidos.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría