– Agentes federales prestan guardia durante una manifestación de profesores hoy, martes 21 de junio de 2016, en una de las entradas a Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas (México). El Gobierno mexicano anunció hoy que mañana se reunirá con los maestros para buscar «soluciones que permitan el regreso de la tranquilidad a las regiones del país» afectadas por sus manifestaciones en rechazo a la reforma educativa. EFE
Ciudad de México, 22 jun (Sputnik).- El gobierno de México ha aceptado iniciar un diálogo político con líderes del magisterio disidente, luego del estallido de violencia en las protestas en el sureño estado de Oaxaca, saldadas con una decena de muertos y un centenar de heridos.
La reunión de diálogo se realizará este miércoles 22 de junio, en la sede de la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio, en el llamado Palacio de Cobián, que durante más de un siglo ha sido sede del poder político interior de México.
El objetivo del encuentro es escuchar los razonamientos de dicha organización, y «avanzar en la construcción de soluciones que permitan regresar la tranquilidad a las regiones del país que se han visto afectadas por sus movilizaciones en fechas recientes», dijo el gobierno federal en un comunicado.
Las conversaciones no serán sobre la implementación de la polémica reforma educativa, aprobada por unanimidad en el Congreso en 2013, al inicio del mandato de Enrique Peña (2012-2018) ni a través de la secretaría de Educación Pública, que encabeza su artífice Aurelio Nuño, considerado el delfín del mandatario hacia las presidenciales de 2018.
El gobierno ha convocado como contraparte al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en Oaxaca está bajo control de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), disidente del oficialismo.
Algunos de los líderes de ese movimiento rebelde han sido arrestados este mes, bajo acusaciones judiciales de peculado; pero la disidencia cuenta con unos 100.000 seguidores, como desprendimiento del poderoso SNTE oficialista, que tiene un total de 1,5 millones de afiliados, el sindicato más grande América Latina.
POLÍTICA, NO EDUCACIÓN
En Oaxaca, en los últimos ocho días no podían llegar insumos, ni dinero efectivo, ni turistas, «eso es lo que nos hizo tomar acciones» y desalojar las carreteras bloqueadas, explicó Osorio, responsable de la política interna.
El gobierno investiga «si fue adecuado o no el uso de armas de parte de las policías estatal y federal, quién lo hizo, quién lo ordenó, y si esto obedeció a los protocolos que tenemos establecidos», dijo al anunciar el diálogo.
En ese contexto, el secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca, Adelfo Regino Montes, renunció a su cargo y exhortó este martes al presidente Peña, a dialogar sin condiciones sobre la viabilidad de la reforma educativa, que ha causado los trágicos enfrentamientos.
En esa región del sur de México con una población mayoritaria de las comunidades autóctonas, Montes exhortó a Peña a «que se toque el corazón» y reconozca en qué se han equivocado, porque «una reforma no puede estar escrita en piedra y ser una manifestación unilateral de la voluntad de un grupo».
LA REFORMA OBJETADA
La implementación de la reforma, por un estándar nacional educativo, debe tomar en cuenta «el contexto de los pueblos y a las comunidades indígenas y convertirse en un instrumento de desarrollo, en regiones donde la pobreza y la marginación siguen acrecentándose», dijo el dirigente al renunciar.
La reforma, que tiene el apoyo de alrededor de un 50 por ciento de la población, según encuestas, impone el concurso obligatorio para optar a plazas del magisterio, evaluación periódica de maestros y pone fin a la venta y herencia de plazas docentes, un mecanismo corrupto creado por el viejo sistema corporativo en el siglo XX.
En México, según estudios previos a la reforma, el 93 por ciento del presupuesto educativo se destina a salarios, incluyendo «maestros fantasma»; apenas un 36 por ciento de los alumnos termina la educación media superior; un 60 por ciento de las escuelas no tiene internet y 10 por ciento tampoco un pizarrón.
El 55 por ciento de los alumnos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas, el 41 no lo logra en lectura y el 47 en ciencias, según la prueba internacional PISA.
Pero al aplicar la reforma, el gobierno ha dado de baja unos 15.000 maestros por no presentarse al examen obligatorio y otros 4.000 por participar en paros laborales de protesta, sobre todo en el sur del país.
ESCRUTINIO INTERNACIONAL
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Jan Jarab, ha condenado «los hechos violentos» ocurridos en los pueblos serranos de Oaxaca el domingo pasado.
Además, el organismo internacional «repudia el asesinato del periodista Elpidio Ramos Zárate», en la ciudad costera Juchitán, Oaxaca, cuando estaba cubriendo otros hechos de violencia y saqueos.
Jarab, representante en el país latinoamericano del Alto Comisionado de la ONU en la materia, Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo un exhorto a los involucrados «para que se evite la violencia y las partes involucradas privilegien el diálogo sobre la confrontación, con el fin de prevenir la repetición de situaciones como las ocurridas».
La ONU-DH ha recordado al gobierno de Peña que cuando en una acción de protesta se presentan situaciones de violencia que «ameritan recurrir, como último recurso, al uso de la fuerza, las autoridades deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física».
Muchas víctimas y ONG mexicanas han señalado que las autoridades hicieron un «uso desproporcionado de la fuerza», dijo.
Amnistía Internacional también ha pedido castigar a los responsables de la violencia.
El organismo con sede en Londres también exhorta a que estas indagaciones «se traduzcan en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas que se encuentren involucradas». (Sputnik)
