Bogotá, 22 jun (Sputnik).- El acuerdo de este miércoles entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC para el cese del fuego y de hostilidades definitivo es inédito para este país y sienta las bases para que se firme la paz en las próximas semanas.
«Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo», informaron este miércoles desde La Habana las delegaciones de las dos partes en un comunicado conjunto.
Este acuerdo establece un cronograma, el procedimiento para que los combatientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) depongan las armas, las zonas del país donde se ubicarán estas tropas para verificar el cese del fuego y las garantías de seguridad que tendrán estos desmovilizados.
Versiones no confirmadas indican que se crearían 26 zonas de ubicación temporal para los combatientes de las FARC, una cifra intermedia lograda tras un duro pulso entre las 64 que quería la guerrilla y las 14 que proponía el Gobierno.
El detalle se conocerá este jueves en un acto encabezado por el presidente Juan Manuel Santos en la capital cubana.
Una vez se den estos pasos, la paz se firmaría en cuestión de ocho semanas.
«FALTA PELO PAL MOÑO»
Los delegados del Gobierno viajaron el martes por la tarde a La Habana tras permanecer una semana en consultas internas en Bogotá.
Este miércoles comenzó el ciclo 50 de las negociaciones en el que estaba previsto abordar los asuntos que se anunciaron en el comunicado.
Aún «falta pelo pal moño», dijo el martes en su cuenta de Twitter el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’, en referencia a que quedan asuntos sin acordar.
Pero las dos delegaciones aceleraron las conversaciones en las últimas horas para llegar este miércoles con un pacto sobre el cese del fuego.
Las partes consiguieron consenso en «la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos», señala el texto.
También hay acuerdo sobre «la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz».
LO QUE RESTA
Pero lo que resta cerrar una vez se haga el anuncio oficial este jueves no es menor.
Para empezar, la fecha exacta en que empezará a regir el cese de hostilidades y las condiciones que lo regirán, verificadas por unos 300 observadores internacionales dirigidos por Jean Arnault, jefe de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia.
Arnault trabajará con el uruguayo Raúl Rosende, director regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en el despliegue de esos 300 verificadores en las zonas de concentración de excombatientes de las FARC y definir su perímetro.
Otra tarea de esos 300 observadores de paz será explicar a la población que las zonas escogidas serán para el tránsito de la guerrilla a la vida civil, tendrán una corta duración y no serán escenario de negociaciones con el Gobierno.
Por último, el perímetro de esas zonas será controlado por tropas que deberán proteger a la guerrilla, mientras se instala una gerencia logística.
Estas tareas serán coordinadas entre la ONU, los 300 observadores provistos por países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), delegados del Gobierno y de las FARC.
La ONU, que por primera vez actuará en este país en un rol de verificación de paz, dispondrá de ocho oficinas en distintos lugares del territorio, según versiones de prensa.
PASO CRUCIAL
Colombia y la comunidad internacional están expectantes de los detalles que divulguen este jueves Santos y Timochenko.
El Gobierno y las FARC vienen negociando en La Habana desde noviembre de 2012 en forma pública y desde meses antes en forma secreta en Oslo, con el objetivo de poner fin a una guerra que estalló en 1964.
El conflicto armado, que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y grupos narcotraficantes, ha dejado unos 300.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados, según reportes oficiales. (Sputnik)
