Madrid, 27 jul (Sputnik).- Las formaciones independentistas, Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y la CUP (Candidatura de Unidad Popular), aprobaron este miércoles en el pleno del Parlamento catalán las conclusiones del Proceso Constituyente para completar la desconexión de España.
La votación ha concluido con los votos a favor de JxS y la CUP, con mayoría absoluta en el Parlamento, y los votos en contra de Catalunya Si Que es Pot (CSQP), la marca catalana de Podemos.
Los liberales de Ciudadanos (C’s) y los conservadores del PP han abandonado el hemiciclo antes de que se procediera a la votación y los socialistas del PSC optaron por no participar a la hora de emitir sus votos.
La aprobación de este Proceso Constituyente, que aboga por la vía unilateral de independencia, va en contra de la resolución del Tribunal Constitucional.
De hecho, durante la sesión, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, preguntó a los parlamentarios si eran conscientes de que la pasada semana el Tribunal Constitucional (TC) advirtió que el deber de la Cámara es «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos constitucionales» y, por tanto, podrían incurrir en un desacato al incluir ese punto en el orden del día.
Ante la celebración de este debate hubo numerosas protestas, entre ellas las de tres de los siete miembros de la Mesa del Parlamento, de Ciudadanos, PSC y CSQEP, que exigieron a Forcadell que detuviese el debate entre críticas por el «sectarismo» y acusaciones de «fraude de ley».
La presidenta de la cámara se defendió asegurando que «el Parlamento es soberano», en relación a la mayoría absoluta de las formaciones independentistas.
Tras la votación, el presidente catalán, Carles Puigdemont, lanzó una crítica a las fuerzas políticas españolas.
«Los que quieren reformar España no tienen ni fuerza política ni social para hacerlo pero nos dan lecciones a nosotros, que tenemos las dos cosas», aseguró Puigdemont en su cuenta de Twitter.
Esta es la primera ocasión en la que el Parlamento de Cataluña cruza la línea roja del ordenamiento jurídico español, dado que Tribunal Constitucional prohibía expresamente debatir y aprobar el Proceso Constituyente. (Sputnik)
