Ministro de la Presidencia asegura que uso de fondos donados por el BCIE se apega a legalidad

San José, 12 Ago (ElPaís.cr).-  El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, aseguró al plenario legislativo que, el uso que se le dio al millón de dólares donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Gobierno de la República, fue apegado al ordenamiento jurídico costarricense.

Los diputados llamaron a comparecer al jerarca ya que según trascendió esta donación supuestamente no fue sometida a controles estatales, y además no forma parte del Presupuesto de la República y presuntamente iba ser usado para mejorar la imagen del Gobierno.

Alfaro Salas señaló este jueves que la gestión de esta cooperación se apega de forma estricta a las reglas y procedimientos del ordenamiento jurídico costarricense.

“La gestión de esta cooperación internacional, se apega de forma estricta, a las reglas y procedimientos del ordenamiento jurídico costarricense y se encuentra totalmente sujeta a los controles que manda la Ley de Planificación Nacional artículo 11 y su reglamento contenido en el decreto 35056”, explicó el Ministro.

El Ministro fue enfático al señalar que los fondos tienen un origen lícito y confiable, además que los procedimientos legales obligatorios se respetaron en su plenitud y que todo el proceso está sometido en el pleno control de la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa y además es trasparente para los ciudadanos.

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“Del Banco Interamericano de Integración Económica, Costa Rica ha recibido en innumerable ocasiones, acompañamiento técnico y soporte financiero, el cual en la mayoría de las veces ha sido avalado por este plenario legislativo que también acertadamente voto a favor de la modificación al convenio constitutivo de esta entidad  en recientes días”, comentó Alfaro.

El Ministro de la Presidencia señaló que los fondos tienen un origen lícito y confiable, además que los procedimientos legales obligatorios se respetaron en su plenitud y que todo el proceso está sometido en el pleno control de la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa.