San José, 28 Nov (ElPaís.cr).- En medio de una sesión extraordinaria realizada la mañana de este lunes, el Congreso inició la discusión por el fondo del proyecto que rehabilita el impuesto a las sociedades anónimas; sin embargo, la oposición del Movimiento Libertario (ML), impidió que esta avanzara significativamente.
Los diputados intentaron acelerar la discusión sobre el tema, pero el Jefe de fracción del ML, Otto Guevara, manifestó que la oposición de su bancada a este texto es clara y firme, por lo que interpusieron 200 mociones contra dicho proyecto.
«Hablaré horas de horas porque el reglamento así me lo permite», dijo el libertario, refiriéndose al tiempo que tendrá para hablar en contra del impuesto que fue anulado por parte de la Sala Constitucional en el año 2009, y que ahora se quiere rehabilitar.
Luego de que este impuesto se declara inconstitucional, los montos fueron rebajados para las sociedades sin actividad o sin ingresos, también para las sociedades jurídicas que tienen actividad económica.
Se calcula que la recaudación anual sería de 47 mil millones de colones.
«Este impuesto incluye a todas aquellas personas jurídicas que no tienen actividad mercantil, y a todas aquellas sociedades anónimas que lo tienen tal vez es uno o varios activos registrados a su nombre pero sin ningún tipo de actividad actual», indicó Guevara Guth, quién asegura que este proyecto puede resultar nocivo para la competitividad del país, principalmente para las pequeñas y medianas empresas nacionales.
Dicho expediente legislativo se tramita bajo una vía rápida, lograda mediante acuerdo multipartidista, que puso como fecha máxima para votar el proyecto en primer debate el 15 de diciembre.
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Con base en la propuesta de ley, las sociedades tanto activas como inactivas tendrán que cancelar montos base que van entre 63mil colones hasta 212.000 de forma anual, no obstante, estos rubros serán cambiantes según la cantidad de ingresos brutos que tribute cada empresa.
Esta iniciativa recibió vía rápida por petición del Gobierno, ya que el 95% de lo recaudado por este impuesto se destinará al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), para fortalecer la calidad de las delegaciones y el equipamiento que utilizan, el otro 5% irá al Ministerio de Justicia para infraestructura carcelaria.
