San José, 30 Nov (ElPaís.cr).- La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa dictaminó este miércoles varios proyectos de ley, entre ellos, una para promover la igualdad de género, otro para incentivar la participación política de los jóvenes y un tercero en pro de la población afro-descendiente.
La dos primeras iniciativas en mención, fueron presentadas por la fracción del Frente Amplio (FA) y buscan disminuir las formas de discriminación.
La ley que promueve la igualdad de género en las escuelas, busca que el sistema educativo sirva de herramienta formal para la eliminación de la discriminación de género y la promoción de la convivencia en equidad.
Por otro lado, el proyecto de promoción de la participación joven en las elecciones municipales, promovido por la diputada Patricia Mora, pretende eliminar el artículo 22 del Código Municipal, el cual exige que las personas que se postulen a cargos se encuentren inscritas electoralmente en un cantón con al menos dos años de antelación. Con lo cual se materializa un impedimento para quienes tienen 18 o 19 años de poder optar por cargos como el de regidurías.
“Estos dos proyectos que hemos presentado y defendido en la Comisión son acordes con el interés de nuestro partido por defender y promover los derechos humanos. Los dos proyectos buscan eliminar formas de discriminación, uno para colaborar con la erradicación de la discriminación y la violencia de género y el otro para quitar un requisito formal de una ley que limita el derecho a la participación política de la gente adulta más joven”, indicó la Presidenta del FA.
El proyecto 19 628, Ley a favor de las personas afro descendientes, presentado por la Jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Mauren Clarke declara de interés nacional la elaboración, implementación y divulgación de acciones afirmativas a favor del grupo de personas que integran este colectivo étnico, las cuales se aplicarán por un plazo de diez años, a fin de medir los resultados y planear evolutivamente nuevas acciones de conformidad con sus alcances.
«Esta ley pretende ser un instrumento para habilitar espacios certeros de participación a los afrocostarricenses, en áreas como educación, la cultura y el trabajo, los cuales son urgentes en la lucha eficaz contra el racismo, la etnofobia y la discriminación, y pretende apoyar también la existencia de programas específicos que apoyen a la mujer afrodescendiente», señaló Clarke.
Por otro lado, toda institución pública está obligada a destinar al menos un siete por ciento (7%) de los puestos de trabajo vacantes al año, para ser ocupados por personas afrodescendientes, siempre que estas cumplan los requisitos legales y constitucionales para acceder a ellos.
Para nombrar en esas plazas a personas no afrodescendientes deberá documentarse de forma fehaciente que en el respectivo proceso de reclutamiento y selección se divulgó el porcentaje y que no hubo participación de personas afrodescendientes o que las participantes no cumplen los requisitos exigidos para el puesto.
