San José, 5 Dic (ElPaís.cr).- Luego de que este lunes el Tribunal Penal de San José condenará al Partido Acción Ciudadana (PAC), por estafar al Estado durante la contienda electoral del año 2010, los jueces ordenaron abrir una causa contra la Jefa de fracción oficialista, Laura Garro.
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La solicitud fue emitida por la Fiscalía desde tiempo atrás, sin embargo no fue hasta esta mañana que se ordenó comenzar el proceso para terminar de unir cabos sueltos.
Según la Corte, la diputada contradijo sus propias declaraciones en la parte investigativa, en la cual fue testigo de la defensa.
Ahora, la Jefa de fracción del PAC se enfrentará a una segunda parte de este juicio, y de ser declarada culpable por falso testimonio podría cargar con una pena de cárcel que va de 1 a 5 años de prisión.
Con base en las declaraciones del 2013, Garro había firmado uno de los contratos y en su función como Presidenta del Comité Ejecutivo Cantonal del PAC en Puntarenas, distribuyó algunos otros que le fueron entregados por Manuel Antonio Bolaños, funcionario administrativo condenado a 3 años de cárcel. No obstante, cuando fue llamada a declarar dijo que no recordaba quién le había entregado los documentos en cuestión, así también negó haberlos entregado a otras personas.
Cabe mencionar, que todos los hechos responden a acontecimientos ocurridos durante la campaña presidencial del fundador del partido, Ottón Solís Fallas, quien aseguró ante la Corte desconocer la situación y advirtió al PAC que en caso de que estas dos personas fuesen declaradas culpables debían de ser expulsadas, sino él renunciaría.
“El PAC debe fortalecer los controles internos. Siempre he lamentado que en los meses posteriores a las elecciones del 2010 el PAC eliminara la norma que permitía cobrar como máximo la mitad de la deuda política establecida en la legislación nacional. Me opuse vehementemente a esa decisión. La campaña del 2010 se rigió por la norma estatutaria que restringía el cobro de deuda política desde nuestra fundación”, dijo Solís Fallas.
Los jueces dictaron seis años de cárcel a Mainor Sterling Araya, ex tesorero del Partido, quién continuará libre mientras la sentencia adquiere firmeza y a Manuel Antonio Bolaños, funcionario administrativo, se le dictó una condena de tres años con beneficio de ejecución condicional de la pena.
Con base en la versión final de los jueces, Sterling creó el plan de cobrar al TSE 179 contratos de servicios especiales que en realidad estaban siendo brindados por dirigentes y militantes de forma gratuita; y a Bolaños se le catalogó como cómplice de la estafa.
Al final de la contienda, el partido fundado por Solís Fallas, el cual es ahora la segunda agrupación política que estafa al Estado después del Movimiento Libertario, recibió 516 millones de colones por un total de 263 contratos, pero el Ministerio Público determinó que no todos fueron ilegales.
Mediante un comunicado de prensa, el Directorio del PAC anunció que respetan la decisión de los Tribunales de Justicia, por lo que aplicarán las sanciones contempladas en los estatutos.
«El PAC nació para hacer política diferente, y eso implica una mejora continua de los controles sobre el uso de los recursos públicos», dijo el actual Tesorero Nacional, Anthony Cascante.
Ahora, se iniciará el proceso de aplicación del artículo 57 de su estatuto, que establece: «Aquel miembro del Partido sobre el que se dicte sentencia por la Comisión de cualquier doloso, será suspendido como miembro del PAC. De adquirir firmeza la sentencia condenatoria, la Asamblea Nacional procederá sin excepción a la expulsión del Partido. Su re incorporación al Partido solo puede gestionarse ante la Asamblea Nacional».
La Corte también acogió una solicitud emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), la cual indica que el PAC deberá pagar 354 millones de colones, los cuales responden a la estafa ejecutada en la campaña electoral del año 2010 y sumado a esto pagarán 40 millones de colones por todos los costos del juicio; con relación a esto, la agrupación aclaró que cuentan con una reserva disponible para hacer frente a la sanción económica, pero será hasta analizar la sentencia completa.
