El pasado 8 de noviembre se cumplieron 67 años de la integración de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución Política vigente en nuestro país. Desde entonces, casi un tercio de su contenido original ha sido reformado y 59 expedientes legislativos hacen fila para la discusión y aprobación de más reformas constitucionales, lo que, de aprobarse ocasionaría la modificación de casi la mitad de nuestra norma fundamental, por la vía de la reforma parcial.
Para nadie es un secreto que desde hace décadas, nuestro país viene atravesando una seria crisis política, cuya solución parece ser compleja y difícil de solucionar, pues involucra una multiplicidad de materias. Temas como la ineficiencia administrativa, corrupción, trabamiento de los procedimientos legislativos y la ingobernabilidad están en escena constantemente, resultando en un descontento ciudadano generalizado que se refleja en los altos niveles de abstencionismo observados en los procesos electorales. En este sentido, en el Informe XVIII, el Programa de Estado de la Nación recalcó el deterioro de la imagen pública del Gobierno y la creciente inestabilidad en los gabinetes.
Diferentes iniciativas han surgido en los últimos años, que reflejan la necesidad de un cambio estructural en nuestro sistema político. En el año 2001, el ex Presidente, Miguel Ángel Rodríguez, propuso pasar de un sistema presidencialista a uno semipresidencial o semiparlamentario, para lograr una mayor eficacia y gobernabilidad democrática, buscando hacer responsable políticamente al Parlamento ante la sociedad y al Ejecutivo frente al Parlamento. Entre las propuestas de la Comisión Especial que se integró en ese entonces, con la colaboración de académicos, políticos, medios de comunicación y otros, para desarrollar la propuesta presidencial, están algunas que únicamente se pueden llevar a cabo mediante reformas a la Constitución, entre estas: incrementar el número de Diputados a 75, de los cuales 18 sean elegidos por lista nacional, establecer la carrera parlamentaria, celebración de elecciones anticipadas en caso de censura general de ministros, así como la comparecencia periódica del gobierno ante la Asamblea Legislativa, entre otras.
Igualmente, el Programa del Estado de la Nación ha destacado la necesidad de introducir reformas constitucionales. Por ejemplo, en los informes XIII y XX, se refirió a reformas en materia de paridad y procesos electorales.
Más recientemente, la ex presidenta, Laura Chinchilla, conformó en 2012, una Comisión de Notables que se encargara de analizar aspectos críticos en materia de gobernabilidad democrática, en los que existieran oportunidades de introducir cambios positivos para nuestro sistema jurídico y político, fortaleciendo así la funcionalidad y calidad de la democracia costarricense. Entre los integrantes de la Comisión nombrada estuvieron expertos en materia de gobernabilidad democrática, todos profesores universitarios, con experiencia en cargos políticos, como Vladimir de la cruz, Manrique Jiménez, Constantino Urcuyo, Fabián Volio y Rodolfo Piza R. En dicho estudio, estos expertos recomendaron, alrededor de 20 reformas constitucionales e, incluso, advirtieron la posibilidad de una reforma constitucional general. Entre las propuestas de reformas constitucionales estaban: agregar entre 24 y 30 Diputados por lista nacional, posibilidad de revocatoria de mandato para los puestos de elección popular, creación del Consejo Económico y Social, ampliación de la participación ciudadana, introducción del principio económico, posibilidad de convocatoria anticipada a elecciones y otros más. No obstante, el documento fue rechazado y enviado al archivo por el Congreso.
Finalmente, no debemos olvidar que la jurisprudencia constitucional, cada vez más ha ido desarrollando principios e incorporando derechos que no están contenidos expresamente en nuestra Constitución Política. Es el caso del derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos, el derecho de acceso al agua potable, el principio de neutralidad, el derecho a la paz, el derecho a la salud y otros más que son de suma relevancia. Este punto es, especialmente relevante, dado que, a diferencia de otros países como Inglaterra, nuestra Constitución es escrita, lo que quiere decir que las reglas relacionadas con los principios y valores éticos y políticos que inspiran el sistema, las que organizan el Estado y las definen los derechos fundamentales, están contenidas en un texto, en principio, único.
De todo lo anterior, es claro y evidente que nuestra Constitución Política, como norma fundamental de la que pende nuestro ordenamiento jurídico, requiere reformas importantes que propicien los cambios que, como sociedad necesitamos para lograr una mayor eficiencia del Estado y la calidad de la democracia costarricense. Existen proyectos de reforma parcial así como de reforma general, como la impulsada por el Dr. Alex Solís Fallas, recientemente. Sin embargo, no es la intención de este artículo determinar si tales reformas deben realizarse mediante un tipo de procedimiento u otro, de manera que corresponderá a los diferentes sectores sociales, ponerse de acuerdo para impulsar los cambios que nuestro país requiere para que todos vivamos mejor y gocemos de una democracia sana y acorde a las realidades de la sociedad moderna.
(*) Gabriel David Herrera Madrigal es Abogado y Estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional de la UNED
2 Comments
R. C. B.
Si va a meter la nariz alguno de los cinco primeros nombrados, ¡no gracias! Sigamos como estamos.
Francisco Romero
Todavía no veo cuál es el argumento que relacione los problemas que como sociedad tenemos y la necesidad de una reforma a la Constitución como su solución. En mi criterio, en las manos de la élite que nos gobierna y sus mandaderos una nueva Constitución nos haría retroceder más bien.