San José, 20 Dic (ElPaís.cr).- Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR) y solicitado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), afirma que el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), necesita ajustes inmediatos para prolongar su existencia.
Los resultados fueron dados la noche de este lunes en una reunión privada con la Junta Directiva de la Caja, posteriormente este martes las autoridades de la CCSS, de la Universidad y de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), convocaron a una conferencia de prensa para aclarar detalles al respecto.
Algunas proyecciones del estudio actuarial causaron impacto de relevancia nacional, ya que según el informe final, el IVM podría entrar a una crisis definitiva en el año 2022, misma que podría hacer que desaparezca entre el 2027 y el 2034.
María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, aclaró que, «el régimen aún no está en crisis final, si bien es cierto esas proyecciones están basadas en el método bajo el cual se rige actualmente, sin embargo aún hay tiempo de salvarlo mediante una serie de ajustes».
La jerarca dijo que no será la primera vez ni la última que se le harán modificaciones al Régimen, recordó que desde el 60 se le hacen ajustes para asegurar su permanencia.
“Si no se toman medidas urgentes se estima que los ingresos de aportes e inversiones dejarán de ser suficientes para honrar los gastos en 2022-2028, por lo cual, se tendría que utilizar la reserva, la cual se agotaría en 2027-2034”, indica el informe de la UCR.
Con base en el informe, mientras la sociedad ha ido cambiando las dinámicas laborales, el Régimen sigue apegado a otro contexto, sin tomar en cuenta algunos cambios que han generado un aumento en los costos sobre los salarios y un debilitamiento del cociente de reserva.
“El primer indicador se redujo en 2015 a su nivel más bajo observado en los últimos 35 años, alcanzando 6,7 cotizantes por pensionado. En el mismo año el segundo indicador representó el 8,96% sobre los salarios, lo que significa un aumento del 34% con respecto al valor observado en el año 2000. El tercer indicador se redujo de 3,61 gastos anuales en 2005 a 2,44 gastos anuales en 2015, lo cual representa un deterioro del 32%”, dice el informe de la UCR.
Según los desarrolladores del informe, la situación en la que se encuentra envuelto el Régimen de la Caja, se debe a los altos índices de natalidad y fecundidad entre 1940 y 1965, así como también al envejecimiento de la población y a su vez el incremento en la esperanza de vida, la crisis económica del 2009, la reforma del 2005 que otorgó beneficios adicionales de pensión reducida o proporcional y la falta de actualización de la base mínima contributiva entre 2006 y 2009.
Rodrigo Arias, investigador de la UCR, señaló que en un período muy breve aumentó más de lo esperado la cantidad de personas pensionadas, lo cual desestabilizó el sistema, esto ya que antes una pensión se sustentaba en el aporte de al menos 32 cotizantes y ahora en no más de 7.
«El primer momento el país ya lo superó en el año 2012, ahora el escenario más preocupante podríamos presenciarlo en el 2022 que es cuando iniciaría el déficit, y de no acutar correctamente en el 2027 se agotaría la reserva para pensiones», manifestó Arias.
El Presidente Luis Guillermo Solís dijo este martes que el tema se debe tomar con calma para su respectivo análisis, señaló además que no hay crisis en el régimen de pensiones del IVM pero si hay que prever lo que podría ser una.
Posibles soluciones. El informe contempla en si cuatro posibles opciones para evitar el desmantelamiento del Régimen.
Opción 1
Reducir los costos sobre los salarios un 23,3% y elaborar un plan de primas escalonadas, con un máximo promedio del 26,4% sobre los salarios.
Opción 2
Disminuir los costos sobre los salarios un 33,8 % y el programa de primas tendría un máximo de 21,8 % sobre los salarios.
Opción 3
Disminuir los costos sobre los salarios un 29 % y el programa de primas tendría un máximo de 23 % sobre los salarios.
Opción 4
Disminuir los costos sobre los salarios un 36,5 % y el programa de primas tendría un máximo de 20,6 % sobre los salarios.
