San José, 9 Ene (ElPaís.cr).- Los diputados volvieron este lunes a ocupar sus curules luego de algunas semanas de vacaciones, las cuales al parecer cumplieron muy bien su objetivo, ya que recién retomadas las funciones legislativas se aprobó en primer debate el proyecto de ley que rehabilita el impuesto a las sociedades anónimas.
La ley pretende recaudar 82,6 millones de dólares anuales para el fortalecimiento de la inversión en seguridad ciudadana.
Esta iniciativa contó con el apoyo de casi todas las fracciones, excluyendo a la mayoría de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y al Movimiento Libertario (ML). La votación, dada mediante una vía rápida fue de 40 a favor y 10 en contra, con 50 legisladores presentes de los 57 que integran el Congreso.
Edgardo Araya, Jefe de Fracción del Frente Amplio (FA) señaló que, “estamos satisfechos de que se aprobara este proyecto, porque es un paso más para cerrar portillos a la evasión fiscal y porque pone a pagar a las sociedades según lo que generan, o sea, pagarán menos las sociedades más pequeñas y más las sociedades grandes. Hay que tener en cuenta que las sociedades inscritas como micro y pequeña empresa o como productor agropecuario, no pagarán este impuesto».
El proyecto de expediente 19. 818, el cual rehabilita un impuesto anulado por la Sala Constitucional en el año 2015, establece que el impuesto regirá para todas las personas jurídicas que estén inscritas ante el Registro Nacional, es decir activas e inactivas.
Las que estén inscritas pero no estén activas, o al menos no declaren ni contribuyan ante la Dirección General de Tributación pagarán un impuesto equivalente al 15% de un salario base mensual y quienes hayan declarado ingreso bruto en el período fiscal menor a 120 salarios base, pagarán un 25% de un salario base mensual.
Las sociedades anónimas que hayan declarado como ingreso bruto entre 120 salarios base a 280, pagarán un aporte equivalente a un 30% y por último, quienes reporten ingresos brutos de más de 280 salarios base tendrán que pagar un impuesto del 50% de un salario base.
El jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas Rojas, explicó que la mayoría de su bancada votó en contra, porque el texto es incongruente.
«El aporte de este impuesto será cubierto en un 54% por las sociedades inactivas, lo cual lo hace injusto y nada progresivo (…) Además, al cobrarle más del 50% del aporte a las sociedades inactivas, se ignora que el 80% de la morosidad del impuesto que estuvo vigente del 2012 al 2015 fue casualmente de las sociedades inactivas, o sea es un impuesto mal diseñado y condenado al fracaso por morosidad», indicó Rojas.
Los socialcristianos reclamaron también que el 90% de los recursos estaría siendo girado al Ministerio de Seguridad, pero dicha cartera sub ejecutó el año anterior más de 23 mil millones y actualmente no ha presentado un plan de como utilizaría aproximadamente estos 40mil millones de colones.
El libertario Otto Guevara Guth dijo que el impuesto no debería aprobarse puesto que ya fue anulado en una ocasión, por lo que dijo que presentará una acción de inconstitucionalidad en los próximos días.
La legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Epsy Campbell explicó que se trata de un impuesto específico para atender un problema específico, en este caso la necesidad de aumentar la protección ciudadana y reducir el hacinamiento carcelario.
«Estos recursos darán la posibilidad de inyectar fondos al Presupuesto de la República para atender problemas crecientes en nuestra sociedad», dijo Campbell, quién además explicó que esta re distribución económica no distorsiona la economía nacional.
Según lo dictado en la ley, un 90% de lo recaudado por dicho impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para su fortalecimiento en infraestructura, compra de equipo y mantenimiento, con la exclusión de que estos recursos no podrán ser utilizados para pagar salarios, viáticos, transporte al exterior ni horas extras.
Además, un 5% será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social y el restante 5% se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado.
Este proyecto de ley es parte de una serie de iniciativas con las que el Gobierno busca paliar el déficit fiscal que ronda el 5 % del producto interno bruto.
