San José, 20 Ene (ElPaís.cr).- Luego de que la calificadora de riesgo internacional Fitch Raitings anunciara que Costa Rica bajó de calificación, pasando de BB+ a BB, lo que significa de estable a negativo; varios diputados expresaron diversas opiniones al respecto, ya que gran parte de ese resultado fue atribuido a la labor del Congreso.
Entre los principales aspectos destacados por la calificadora, figura el letargo en la resolución del déficit fiscal y la dificultad para aprobar la reforma tributaria, ambos casos relacionados al trabajo efectuado por la Asamblea Legislativa.
«La rebaja refleja la deteriorada dinámica de la deuda de Costa Rica, impulsada por grandes déficits fiscales y un continuo bloqueo institucional que impide el avance de las reformas para corregir los desequilibrios fiscales», informó Ficth Ratings en un comunicado.
Ante los señalamientos de Fitch Raitings, el Jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Edgardo Araya Sibaja, dijo a este medio que si bien es cierto si hay una responsabilidad de parte del Parlamento, pero que no se puede generalizar, ya que los culpables son un grupo selecto de diputados opositores.
«Si hay responsabilidad del Congreso, pero se lo atribuimos a ciertos partidos como el PUSC, los libertarios y algunos otros diputados, quienes se han encargado de bloquear los proyectos necesarios (…) Hay una irresponsabilidad enorme de la derecha legislativa, porque se han valido de ciertas excusas para no aprobar leyes sobre nuevos impuestos; principalmente porque defienden los intereses políticos y económicos», indicó Araya Sibaja.
Fitch raitings no es la primera calificadora que anuncia datos negativos sobre Costa Rica, ya Moody’s y Standar & Poor’s también lo hicieron en tiempos anteriores, sin embargo desde la perspectiva frenteamplista, Edgardo fue claro en decir que por mucho tiempo las calificadoras de riesgo no han servido para nada más que condicionar a los países más pobres.
Marcela Guerrero, legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), manifestó que hay grandes acuerdos políticos en progreso, pero que difícilmente se vean efectuados durante este mismo año.
«Aunque algunos hacen lecturas superficiales, hay señales políticas mucho más serias que apuestan por un cambio, sin embargo esto es un tema de coyontura política sobre la estructura de los partidos políticos y sobre quienes están detrás de los mismos, ya que la falta de acuerdos es lo que no ha permitido estos cambios, son problemas generacionales que tienen soluciones muy distantes», indicó Guerrero Campos.
La congresista dijo que es muy probable que las calificaciones mejoren en el 2018, esto debido a que hay disposiciones legales que no entrarán a regir sino hasta el siguiente año, lo cual no será impedimento para que el siguiente Gobierno enfrente una situación económica vulnerable.
Varias bancadas coincidieron que gran parte de la culpa no se le puede atribuir al Poder Ejecutivo, debido a que las soluciones inmediatas están en discusión en la Asamblea Legislativa pero frenadas principalmente por los socialcristianos y los libertarios.
En relación con el tema, la Jefa de fracción liberacionista, Mauren Clarke, dijo completamente lo contrario al afirmar que el Gobierno es el que debe responsabilizarse por no poder encontrar una solución viable para la reducción de la deuda.
«Este país todavía es presidencial y no parlamentario, el que tiene que Gobernar es el Presidente del Ejecutivo, cuando Solís asumió el poder debió haber tenido una estrategia y debió saber que tenía que hacer para sacar adelante un país, las reformas sustanciales, todos los requerimientos para hacerlos, pero el empezó diciendo que no eran necesarios más impuestos y ahora se mordió la lengua», expresó Clarke, quien al igual que casi toda la derecha representada en el Congreso considera que la causa de esta calificación es la mala gestión gubernamental.
Cabe mencionar que a través de medidas administrativas y algunas legislativas, el déficit pasó a 0,6% del PIB en el 2016, pero se espera que aumente en los siguientes dos años; esto a pesar de que el Gobierno contempló en el Presupuesto Nacional de la República para el 2017 un 33% para amortización de la deuda.
El Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, Helio Fallas dijo que, «tal y como lo hemos hecho en reiteradas ocasiones desde el inicio de la gestión, respetuosamente, hacemos un vehemente llamado a los señores diputados para que avancen en la discusión y en la aprobación de los proyectos de IVA y Renta, durante el actual periodo de sesiones extraordinarias, con el fin de dar una señal positiva para futuras evaluaciones”.
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