Medio en broma medio en serio

Creo haber encontrado una forma para acelerar la reducción del déficit fiscal de Costa Rica, que aunado a una buena administración tributaria y de obligarle a pagar lo que deben de impuestos grandes empresarios y hasta clubes deportivos, serviría enormemente a este propósito. Porque no creo que subiendo la carga tributaria a los pobres (los ricos siempre encontrarán una forma para no pagar) es como se soluciona el asunto.

Expongo mi idea: resulta que la estupidez vial, el irrespeto a las leyes del tránsito, y la creencia de que somos una sociedad culta y civilizada que respeta la convivencia social y las leyes, sumado a la casi inexistencia de policía de tránsito, hace que diariamente se cometan delitos e infracciones por miles. Desde las más pequeñas como estacionarse en lugar prohibido, la conducción temeraria y las imprudencias criminales en las pocas carreteras decentes que poseemos, hasta el colmo de la imbecilidad de algunos al creer que el armatroste de tren que tenemos no los va a embestir si no se detienen y tratan de cruzar la vía rápidamente.

Pues bien, con una modesta inversión orientada hacia crear una auténtica policía de tránsito, que se encargara en serio de la imposición de multas a los infractores, se llegaría a recolectar cientos de millones de colones mensuales que no solamente financiaría la policía, sino que incrementarían los recursos líquidos del Estado.

Y además ello tendría un efecto educativo (por represión) sumamente beneficioso para la paz y la tranquilidad ciudadana. Pues a veces cuando uno sale con su automóvil a la calle siempre va con la idea de si regresará sano y salvo.

Reconozco que esto tiene más de broma que de serio, pero el tránsito vehicular costarricense es realmente una trampa de muerte. Y lo que no se entiende de ninguna manera es por qué no existe una policía de tránsito en nuestro país, porque los cuatro gatos paseando en motos por ciertas partes de las ciudades no pueden considerarse así.

Y aquí vamos al centro del problema. Resulta que cuando algún gobierno propone aumentar los cuerpos policiales de inmediato saltan por allí quienes buscan sus cinco minutos de fama, acusándolo de militarista y de crear un ejército disimulado. Y nada más lejano de la realidad. Toda sociedad requiere que el Estado posea los instrumentos indispensables para la prevención y el control del delito, excepto en la nuestra, en que la ignorancia generalizada se traga las ruedas de molino de ciertos slogans que manejan determinados grupos de interés e influencia.

En un estado de derecho democrático la policía es el único organismo público que se encuentra facultado, en circunstancias excepcionales, para requerir coactivamente de los ciudadanos una determinada conducta, mediante la aplicación inmediata, si fuere necesario, de un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia -con la presión psicológica que ésta implica- hasta la fuerza física propiamente tal, en sus diversos grados, cuya cúspide se encuentra representada por la fuerza letal.

Por tal razón, se ha señalado que “el uso de la fuerza física es el rasgo más destacado de la actividad policial” y ha sido definida como “la función de la que aparecen investidos ciertos miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad, prevenir y reprimir la violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si es necesario mediante intervenciones coercitivas que aluden al uso de la fuerza” (González Calleja, 2006:17).

Considerando que una acción de fuerza por lo general significa, a lo menos, la restricción temporal o suspensión del ejercicio de algún derecho ciudadano, puede apreciarse en toda su dimensión su carácter extraordinario, toda vez que la policía puede recurrir a ella sin que haya mediado la intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional o administrativo. Así, el uso que la policía puede hacer de la fuerza se ampara en una base jurídica, cual es la fuerza coercitiva del derecho (prevención general), en tanto la policía es el órgano administrativo encargado de hacer cumplir, incluso de manera compulsiva, la normativa vigente. De allí resulta fácil comprender la sinonimia, tan propia del léxico común, cuando se habla de fuerza pública para aludir, de manera genérica, a algún cuerpo de policía.

La determinación de lo que debe entenderse por un adecuado uso de la fuerza se encuentra estrechamente relacionada con, al menos, tres componentes: Primero, la oportunidad en que ésta debe utilizarse; segundo, el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear; y tercero, la responsabilidad que debe existir por su uso. Así, una ecuación que implique la concurrencia de estos elementos permite sostener que el adecuado uso de la fuerza se vincula y requiere, también, un marco de sostenibilidad institucional, cual es la existencia de una policía moderna y profesionalizada, caracterizada por un importante nivel de preparación profesional y por criterios de legitimidad, transparencia, control y eficiencia de su actuación, cuya realización contribuirá de mejor forma a garantizar que el ejercicio de la fuerza se mantendrá dentro de la esfera del derecho y de la justicia.

Concluyendo,  diariamente mueren en accidentes de tránsito de una a dos personas y se lesionan gravemente muchas más  en accidentes que podrían evitarse si existiera una autentica policía de tránsito,  y aunque parezca broma lo aquí descrito, si lo pensamos bien, tendría efectos sumamente importante su existencia.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría