San José, 17 Mar (ElPaís.cr).- Marcela Guerrero y Franklin Corella, diputados del Partido Acción Ciudadana, presentaron ante la corriente legislativa una nueva propuesta de ley, se trata de una reforma integral al uso racional de la energía en Costa Rica.
El proyecto de expediente 7447 modifica algunos aspectos en la estructura organizativa, los mecanismos de sostenibilidad y el financiamiento, esto ya que su objetivo es varias radicalmente la dinámica de consumo y distribución.
En este sentido, el texto obliga a los distribuidores de energía a establecer programas de uso racional para los usuarios finales con financiamiento de la tarifa. Además, los diputados consideran que es importante promover una educación que genere un cambio cultural al respecto, y a nivel de mercado, que en el etiquetado de los productos se brinde información sobre consumo de energía.
Lea también: Costa Rica se acerca al 100% de energía renovable por segundo año consecutivo
«Se trata de una serie de reformas a la ley vigente para aumentar la eficiencia energética en el país, estamos estableciendo sistemas de calidad para la regulación de equipos, vehículos y maquinaria y también establecemos instrumentos para regular la eficiencia energética del transporte público», explicó la diputada Guerrero Campos.
Actualmente, los grandes devoradores de energía en el país son empresas privadas que alcanzan consumos anuales mayores a los 240.000 kilovatios por hora de electricidad, 360.000 litros de derivados de petróleo o un consumo total de energía equivalente a doce terajulios. Para este tipo de consumidores, la propuesta legal establece que el MINAE implantará un programa gradual obligatorio de uso racional de la energía y la eficiencia energética mediante la certificación de la Norma INTE ISO-50001 Gestión de Energía.
Lea también: Expertos de la región recomiendan creación del Centro de Energía Renovable y Eficiencia Energética
Ahora bien, los legisladores explicaron que la regulación energética se aplicará a todos por igual. Esto quiere decir que al igual que esta ley pretende racionalizar el consumo de energía en la empresa privada, el Poder Ejecutivo también tendrá que hacerlo con todas las instituciones públicas.
