San Jose, 30 Mar (ElPaís.cr).- Un proyecto de ley trabajado por el diputado Marco Vinicio Redondo Quirós del Partido Acción Ciudadana (PAC), la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) y la Defensa Pública, propone dar un abordaje más integral a las personas con problemas de adicción y no optar por la cárcel como medida inmediata.
El expediente 20.322, «Ley para la atención integral de personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas y establecimientos de penas proporcionales e delitos de microtráfico no violentos», fue recientemente presentado ante la corriente legislativa y apenas va comenzar su trámite en comisión.
El principal propósito de esta iniciativa, es modificar la política de encarcelamiento costarricense en materia de delitos no violentos, cometidos por personas en condición de pobreza, riesgos y vulnerabilidad.
«El Estado debe brindar un abordaje integral de la enfermedad adictiva, como estrategia de prevención que promueva la inserción social de las comunidades y una justicia penal proporcional de acuerdo con el grado de responsabilidad y participación de la persona infractora en delitos de narcotráfico», manifestó Redondo Quirós.
Con base en el texto, el Gobierno en curso debe asumir el problema de consumo excesivo de sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública y de política social, ya que éste le concierne no solo a quienes consumen sino también a otros terceros directos e indirectos.
Entre las medidas que contempla el proyecto, se destaca la diferenciación de las penas de prisión aplicadas a los líderes narcotraficantes, de las impuestas a los adictos utilizados como «mulas» para el trasiego de drogas.
«Es irracional que juzguemos a todos con la misma vara. Los grandes capos explotan a adictos y a ambos los condenamos de igual manera. Lo que corresponde es equilibrar penas y establecer atenuantes para las personas que fueron utilizados como mulas», enfatizó el congresista del PAC.
La ley también incorpora una posibilidad legal, para que las personas en estatus de «ofensores» puedan aplicar a la justicia restaurativa para resolver un caso; es decir, que puedan restaurar el daño social ocasionado a una comunidad, una familia o inclusive una sociedad, así como promover planes reparadores integrales que permitan el abordaje de las causas generadoras del delito.
