San José, 3 Abr (ElPaís.cr).- El plenario legislativo atrasó aún más la discusión de una reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, ya que no pudo realizar la sesión a causa de la ausencia de al menos 20 diputados.
El Congreso pretendía conocer esta tarde una moción para ampliar el plazo de estudio a la Comisión Especial de Regímenes de Pensiones, la cual actualmente analiza dicha reforma de ley.
La Comisión tiene como fecha máxima para votar este proyecto el próximo miércoles 5 de abril, pero los congresistas quieren conocer un último informe actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre el tema, por lo que buscan una segunda ampliación que les de tiempo hasta el 30 de julio.
En un inicio los diputados analizaron una propuesta de los gremios del Poder Judicial, eventualmente se acogieron a una contrapropuesta presentada por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la cual no cuenta con el apoyo del sector trabajador.
La propuesta de SUPEN pretende que tengan derecho a pensión aquellos trabajadores con 65 años o más, que lleven al menos 15 años de servicio consecutivo en el Poder Judicial y/o 30 en otras instituciones Estatales.
La jubilación equivaldrá al promedio de todos los salarios ordinarios, esto según el índice de precios al consumidor. Por último, ninguna pensión podrá ser superior a 10 veces el salario base el puesto más bajo pagado en el Poder Judicial.
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero Campos, llamó la atención a las personas trabajadoras del Poder Judicial sobre el peligro que corren sus futuras pensiones si la reforma no se aprueba.
«La reforma administrativa que estamos planteando viene a salvar las pensiones de las personas trabajadoras del Poder Judicial, si no hacemos cambios pasarán una de dos cosas: los trabajadores van a tener que dar la mitad de su salario para tener una pensión, o vamos a tener que cargar sus pensiones al Presupuesto Nacional donde todos y todas las costarricenses deberemos pagar las pensiones de los funcionarios judiciales», explicó Guerrero Campos.
La congresista explicó que los empleados de la Corte cotizan más que los afiliados al IVM, pero el dinero que aportan no alcanza para cubrir los beneficios jubilatorios que reciben.
Los empleados judiciales cotizan así: 11% del empleado + 14,35% el patrono + 1,24% el Estado = 26,60% sobre el salario.
Actualmente, las pensiones de la Corte tienen algunos beneficios que llaman la atención en el Congreso, por ejemplo; no existe un tope a las pensiones de lujo, por lo que algunos jubilados reciben más de 9 millones de colones. En el IVM, en cambio, el tope es de ¢1,5 millones, a menos de que la persona siga trabajando después de cumplir la edad, con lo que podría alcanzar un máximo de ¢2,5 millones.
En el caso del Poder Judicial, la pensión de calcula a partir de los últimos y mejores 24 salarios, en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se calcula a partir de los últimos 240 sueldos.
Según los gremios de la Corte, en el Poder Judicial hay 40 personas cuyas pensiones o jubilaciones están entre los ¢5 y los ¢9,5 millones, mientras que casi 2.000 pensionados tienen pensiones que van de los ¢175.000 a los ¢1,5 millones.
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica reveló un faltante de ¢5,3 billones en el régimen jubilatorio, si se mantienen las condiciones actuales de cotización. Este monto es el equivalente al 60% del Presupuesto Nacional de este año.
Falta de quórum. De Liberación Nacional (PLN) no llegaron Marta Arauz, Michael Arce, Olivier Jiménez, Juan Marín, Karla Prendas, Paulina Ramírez, Julio Rojas, Silvia Sánchez, Rolando González y Antonio Álvarez Desanti; lo que en el marco del cierre de la convención política del partido era de esperar.
También se ausentó el diputado independiente Carlos Hernández, los socialcristianos Rafael Ortiz, Rosibel Ramos y Humberto Vargas, Óscar López y los oficialistas Marvin Atencio, Epsy Campbell, Laura Garro y Víctor Hugo Morales.
