San José, 5 Abr (ElPaís.cr).- El magistrado Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Sala Tercera, Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General de la República y Gustavo Mata Vega, Ministro Seguridad Pública. manifestaron su apoyo al expediente 20.181, el cual busca asegurar la justicia pronta y cumplida mediante procesos penales más cortos.
La iniciativa presentada por el Presidente de la Comisión, Mario Redondo Poveda, busca que los procesos penales dejen de tardar en promedio 5 años y pasen a ser resueltos en un máximo de 11 meses.
«Este es un proyecto de enorme importancia para el país y todos los involucrados en procesos penales. Las víctimas están siendo dejadas en una posición que no es justa, en algunos casos se someten a procesos muy extensos que inclusive terminan en impunidad. Muchos costarricenses sienten que no estamos cumpliendo con nuestra labor, por lo que esperamos que esta iniciativa se apruebe para cambiar esa percepción», indicó el proponente del texto.
El texto apoyado por los jerarcas del Poder Judicial, quienes comparecieron ante la Comisión legislativa de Ciencia y Tecnología, establece una sanción clara que podría llevar a la revocatoria del nombramiento de un juez que tenga un caso atrasado sin justificación.
En este mismo sentido, le permite a la víctima el poder instar ante un juez para fijar un plazo máximo de resolución si la demora en su caso no está argumentada.
Otra de las medidas respaldas es la reducción del plazo de la audiencia preliminar que en estos momentos lleva hasta tres años y medio y se pretende fijar en un mes.
«Podríamos decir que este proyecto busca cumplir una parte de la Constitución Política y hasta la fecha se violenta constantemente por lo extensos que son estos procesos», indicó Chinchilla.
El jerarca informó que el costo de un proceso ordinario es de seis millones de colones y hasta el año 2015 había 50 mil expedientes para ser elevados a juicio.
El fiscal General de la República dijo que el trámite de la iniciativa es una oportunidad para realizar una reforma sistemática del Código Procesal, que a través de una serie de interpretaciones hace más lento el proceso.
«Es una gran oportunidad para los diputados y para el país en general de resolver uno de los problemas más serios del Poder Judicial», indicó Chavarría.
El proyecto aún no ha sido dictaminado y sigue siendo estudiado por los legisladores de la comisión, una vez que se apruebe, deberá pasar al Plenario Legislativo y antes de ir al Ejecutivo tendrá que recibir votación en primer y segundo debate por parte de los diputados.
