San José, 10 May (ElPaís.cr).- Los diputados aprobaron por unanimidad en segundo debate el expediente #20.120, “Aprobación del canje de notas entre el Gobierno de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)”, lo que le permitirá al país combatir el cohecho a nivel internacional.
Mediante este proyecto el país se compromete a establecer normas estrictas y efectivas para tipificar, prevenir, detectar, investigar y sancionar el soborno (cohecho) de funcionarios públicos extranjeros por parte de individuos o empresas nacionales en sus transacciones comerciales transnacionales.
Actualmente, el cohecho es tipificado como un fenómeno ampliamente generalizado en transacciones internacionales, lo cual plantea serios problemas morales y políticos, minimiza la buena gobernanza, el desarrollo económico y distorsiona las condiciones competitivas internacionales.
“Esto no solo es importante para Costa Rica sino que es relevante a nivel internacional. Esto nos permite regular un delito no solo dentro del país, sino también fuera de la región, ya que ese principalmente es su objetivo. Además, la ley viene a sumarse a una serie de prácticas positivas que nos dan una administración más transparente y nos allana el camino de ingreso a la OCDE”, manifestó el diputado oficialista, Marco Vinicio Redondo Quirós.
El convenio contemplado en esta iniciativa que muy pronto pasará a ser ley, establece que todos los países cooperantes tienen la responsabilidad de combatir el cohecho por sus propios medios y le corresponde a cada parte, especificar de acuerdo a su marco legal el cohecho como un delito penal.
El texto indica que éste fenómeno se puede dar de forma directa o por medio de intermediarios, para beneficio de ese funcionario o para un tercero, con el objeto de que ese servidor actúe o se abstenga de actuar en relación con el cumplimiento de sus deberes oficiales, a fin de obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida en la conducción de negocios internacionales.
El proyecto estipula que cada una de las partes adoptará las medidas necesarias para establecer que la complicidad, incluyendo incitación, ayuda e instigación o autorización de un acto de cohecho de un servidor público extranjero será considerados delitos penales. En el caso específico de Costa Rica, se incluyó además una pauta para prohibir la extradicción de nacionales que se encuentren en territorio costarricense.
Para efectos de la convención se considera “servidor público extranjero” a toda persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea nombrado o electo; toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluyendo para una entidad pública o para una empresa pública; y todo funcionario o representante de un organismo público internacional.
El Presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, dijo sentirse orgulloso de la capacidad de consenso, ya que en la primera semana de la última legislatura se aprobaron dos proyectos importantes que cuentan con el aval del Poder Ejecutivo.
