Río de Janeiro, 16 may (Sputnik). – Cuatro meses después del motín que dejó al menos 26 muertos en la cárcel de Alcaçuz, en el estado brasileño de Rio Grande do Norte (noreste), las autoridades locales no saben qué pasó con otros 71 presos, según reveló un informe publicado el martes.
«Se identificaron 71 procesos judiciales de personas que debían estar presas en todos los pabellones de Alcaçuz, pero que no están ahí», señaló el documento elaborado por peritos del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal brasileño.
Según este informe, elaborado tras una visita a la cárcel a principios de marzo, los datos oficiales del Gobierno de Río Grande do Norte contabilizaron 26 muertos, pero hay otros 71 que desaparecieron después de los actos de vandalismo y homicidios perpetrados en enero.
Los peritos creen que esos presos que no figuran en ningún sitio pueden haber huido, haber sido trasladados a otras cárceles, recapturados tras la fuga y no registrados, liberados por la Justicia o asesinados durante el motín.
El motín en la cárcel de Alcaçuz se produjo por un enfrentamiento entre presos de dos facciones rivales del narcotráfico: el Primeiro Comando da Capital (PCC), originaria de São Paulo, y el Sindicato do Crime, de Rio Grande do Norte.
Durante varios días los presos salieron de sus celdas y se enfrentaron en las zonas comunes del presidio ante la impotencia de las autoridades locales, que pidieron ayuda del Ejército y la Fuerza Nacional para contener el motín.
En base al incumplimiento de las leyes que garantizan el trato humanitario a los presos, el estado de Río Grande do Norte fue denunciado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otro lado, el estado de Río Grande do Norte no fue el único en Brasil en registrar este tipo de actos violentos: en Amazonas (noroeste) y Roraima (norte) también hubo matanzas en las que murieron más de 100 presos en las primeras semanas del año.
La masificación y falta de control en el sistema carcelario es un problema endémico del país sudamericano y una de las principales causas de los frecuentes motines, fugas y asesinatos registrados.
Recientemente el Gobierno brasileño se comprometió a reducir un 10 por ciento el número de presos hasta 2019, pero diversas organizaciones no gubernamentales ligadas a los derechos humanos criticaron la falta de concreción para alcanzar ese objetivo. (Sputnik)
