San José, 6 Jun (ElPaís.cr).- La diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), denunció este martes que la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial pretende financiar sus pensiones a partir de recursos ociosos en depósitos judiciales.
El régimen del Poder Judicial atraviesa uno de los peores momentos de la historia costarricense, por lo que las autoridades tomaron esa decisión, a pesar de que la misma Sala Constitucional declaró este acto como improcedente desde el 2001.
A través del pronunciamiento 10817-2001, los Magistrados de la Sala IV determinaron que estos dineros siguen siendo parte del patrimonio de distintos sujetos, por lo que no pueden ser utilizados para pagar pensiones ya que se estaría violentando el derecho a la propiedad privada y al principio de solidaridad social.
Según trascendió, las autoridades del Poder Judicial solicitaron mediante un comunicado a la Universidad de Costa Rica (UCR), incluir los dineros que son producto de depósitos e intereses de procesos judiciales concluidos o abandonados, en las proyecciones del estudio actuarial que sirve de sustento técnico para la reforma al Régimen de Pensiones que actualmente trabaja la Asamblea Legislativa.
«No es correcto que este dinero, que debería tener como destino el bien social, sea utilizado para pagar el hueco del régimen de las pensiones del Poder Judicial causado por las pensiones de lujo y por la mala administración de las pasadas autoridades. Este dinero debe ser utilizado para el Régimen No contributivo, donde se ven beneficiadas personas cuyos ingresos son inferiores o iguales a la línea de pobreza, personas huérfanas o con discapacidad, viudas en desamparo, indigentes y adultos mayores», aseveró la diputada del PAC.
Guerrero Campos explicó que el quinto producto del estudio actuarial de la UCR recién entregado a la Comisión es defectuoso en el tanto fue creando utilizando como base los insumos facilitados por el Poder Judicial, donde las autoridades incluyeron los recursos en cuestión.
«Ahora lo que procede es hacer los cálculos de nuevo como corresponde, asegurándonos de no utilizar estos dineros y de tampoco recargarlo en el Presupuesto Nacional, pues siguiendo el mismo razonamiento del voto de la Sala, sería igualmente inconstitucional cargar a toda la población el pago de las pensiones de un gremio específico», señaló la legisladora.
Como parte del trabajo legislativo, la Comisión acordó citar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla para que explique porque el Poder Judicial propuso utilizar estos recursos para financiar el régimen jubilatorio.
