San José, 22 Jun (ElPaís.cr).- La Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano Carboni, instó a los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, hacer una revisión exhaustiva de las leyes que protegen a la niñez costarricense.
Solano compareció para referirse al proyecto de Ley sobre el Fortalecimiento de la Protección de la Niñez, sin embargo dijo que además de crear más leyes se deben revisar las existentes para reconocer las carencias legales del marco jurídico.
La funcionaria agregó que en el país existe una necesidad de crear un tipo penal específico sobre la tortura, el cual sea diferenciado a otros como la violencia o el homicidio.
Además, la Defensora insistió en que es sumamente importante que el proyecto de ley que discute la Comisión en este momento, contenga una diferenciación entre tortura física y tortura psicológica.
«Este es un tema de gravedad y que se vive lastimosamente en el país. Por ejemplo educar a un niño a punta de pistola, o hacer que un niño o una niña vea como violan a su mamá. Se comenzó a hablar de tortura psicológica con el caso de un pianista, que simulaban que le cortaban al dedos, al punto de que las consecuencias fueron tales que el pianista perdió toda sensibilidad en los dedos», aseveró Monserrat Solano.
Los y las diputadas actualmente trabajan en un texto que generaliza las sanciones sobre tortura infantil, ya que la legislación actual regula principalmente la tortura en casos de familiares o funcionarios.
El proyecto en cuestión fue presentado por el diputado de Restauración Nacional (PRN), Fabricio Alvarado, y pretende reformar el Código Penal para fortalecer las sanciones contra la violencia infantil.
La iniciativa establece penas de prisión de tres a diez años, con una única excepción, cuando el maltrato o tortura se lleve a cabo por parte de un menor de edad. En ese caso, el proceso penal será diferenciado.
Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.
«La ley faculta a las autoridades para castigar un tipo específico de crímenes como lo señaló la Defensoría. Yo entiendo que hay personas que tienen dudas técnicas sobre la tipificación penal de la tortura, pero no entiendo como hay personas que han estado en contra de aprobar este proyecto», indicó el diputado Fabricio Alvarado.
El legislador dijo que hay ya muchos casos que evidencian que la tortura es real en Costa Rica, y que por ende la legislación es necesaria.
Alvarado recordó varios casos, entre ellos, el de una niña en los Chiles que murió por maltrato, el de otra niña en Pérez Zeledón que la hacían comer jabón, la tenían amarrada y dormía con perros y el más reciente, el caso de una niña que fue violada durante tres años, aparentemente en más de 300 ocasiones.
En este marco, cabe mencionar que el Informe de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes, insta de nuevo a los Estados a prohibir toda forma de violencia contra la niñez en todas sus modalidades como son el castigo físico, los matrimonios forzados, la violencia sexual y otros castigos crueles, humillantes o degradantes.
