Ante desafíos nacionales un Acuerdo Nacional

Ante desafíos nacionales un Acuerdo Nacional

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Bandera de Costa Rica. Archivo

De cal y de arena

II

Abundan los diagnósticos sobre los grandes problemas nacionales. También las “fórmulas salvadoras”. En la generalidad de los casos -empero- les ha faltado el respaldo político elemental para emprenderlos.

Ahora, en estos días y de cara a los grandes desafíos nacionales, ha surgido ese Acuerdo Nacional suscrito por los nueve partidos políticos con representación parlamentaria que –a diferencia de otras coincidencias de voluntades- no es ni un conciliábulo ni un consenso de capilla. Es una plataforma de trabajo seriamente elaborada en torno a una selección de importantes problemas nacionales, fruto de la dedicación al examen de esos problemas por profesionales, académicos y políticos, con propuestas para acometerlos en torno a las cuales se han producido excepcionales coincidencias que llevan  los avales políticos imprescindibles para dar luz al faro de la esperanza de que algo –al fin- se va a poder hacer para sacar al país del lastrante marasmo que padece.

Ver: Ante desafíos nacionales un Acuerdo Nacional

En esta columna me adentro en uno de los temas/eje del listado de desafíos nacionales y que ocupa merecida atención en el trabajo dedicado al Acuerdo Nacional.  Es el de la generación de empleo y el fortalecimiento de los derechos laborales.

Esta sociedad no puede seguir distante de este problema si es que quiere crecer con equilibrio social, seguridad, equidad y vigor. Esto empieza por la admisión de que con tasas de crecimiento económico apenas superiores al 3% no se va a dar respuesta al problema del desempleo. En los últimos tres años la población ocupada se redujo en 23.453 personas mientras la población en edad de trabajar aumentó en 186.098, según la encuesta del INEC del primer trimestre de 2017 respecto a las cifras de un año atrás. De los 2.060.000 ocupados 615.175 carecen del seguro social. Dentro de los ocupados hay 136.217 subempleados y 344,471 que laboran 40 horas o más pero perciben menos del salario mínimo.

Como lo ha dicho el Programa del Estado de la Nación, el trabajo tiene un efecto determinante sobre la pobreza y la desigualdad. El desempeño del mercado de trabajo, caracterizado por un alto desempleo, incumplimiento de las garantías laborales y una mayor informalidad -señala el PEN- es determinante en la creciente desigualdad del ingreso y el estancamiento de la pobreza por ingresos.

En el Acuerdo Nacional se recalca la importancia de “transformar la estructura productiva e institucional de la ‘vieja economía’ y de los ‘servicios de apoyo’ mediante políticas de fomento de las inversiones nacionales y extranjeras, revisión integral de la institucionalidad existente, constitución de sectores productivos con mayor valor agregado y alianzas interinstitucionales”. Se propone una plataforma de atención, inversión y trabajo prioritario en regiones con problemas de empleo y emprendimiento, modernizando su infraestructura social, logística y de conectividad a fin de desarrollar proyectos en línea con los recursos, la cultura y las oportunidades de cada una de esas regiones, en el interés de dirigir la inversión social hacia las regiones calificadas para la atención preferente: La Cruz, Upala y Guatuso; Siquirres, Matina, Limón y Talamanca; Garabito, Parrita y Quepos; Osa, Golfito y Corredores.

El documento se encamina hacia el logro de la reducción de la pobreza estructural y crónica de esas zonas, con atención al rubro del desempleo femenino y juvenil, la informalidad y la burla de los derechos del trabajador. En tal dirección hace una serie de propuestas que implican “revisar profundamente las misiones, objetivos y programas de las instituciones de fomento y apoyo a la producción del Estado y forjar alianzas con instituciones del sector privado capaces de promover inversiones y estructurar cadenas de valor incorporando suplidores y distribuidores nacionales de todas las escalas”. Se nota el recordatorio al Banco Central de uno de sus objetivos establecidos en su Ley Orgánica de impulsar el ordenado desarrollo de la economía y promover el empleo y uso eficiente de los recursos productivos de la Nación.

Hay un compromiso político de impulsar una amplia gama de decisiones en el rubro del trabajo. Lo firman los representantes de nueve partidos (en algunos casos el presidente de su Comité Ejecutivo y el candidato presidenciale). No es que hacen renuncia a posiciones particulares y diferenciadoras que puedan sostener pero sí al ejercicio de recursos propios del filibusterismo parlamentario para obstaculizar la marcha de estos acuerdos.

“Bla, bla, bla”, dirá más de uno. Podría ser. Pero cualquier burla, cualquier trampa, cualquier farsa que se destape, tendrá un alto costo político de parte de una ciudadanía que está harta de la ingobernabilidad, la ineficiencia del Estado, los excesos legales que hacen engorrosa la gestión, los controles arbitrarios y las grandes brechas entre regiones y entre sectores sociales.

Llevan razón, pues,  los facilitadores del Acuerdo Nacional, Roberto Artavia y Miguel Gutiérrez Saxe, y los partidos adheridos a él.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista

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