La Junta Directiva de la CCSS cómplice de la insostenibilidad del IVM y transgresora de la función pública

En noviembre del 2015 se había escrito en este medio sobre la necesidad de recuperar la institucionalidad pública ante la acción gubernamental que privatizaba la función pública costarricense, se afirmaba:

“Hace algo más de tres décadas, el liberalismo que aún pervive en la vida social y política nacional, ha atacado al Estado y la función pública como el causante de todos los males. En este proceso la ciudadanía estuvo alejada, por estar impulsado por el liberalismo en el poder y por el empresariado global y mediático. Los eternos privilegiados del sistema que renegaron del Estado y que propugnaron por su desregulación o desaparición, no lograron su utópica ambición, pero modificaron la estructura institucional pública, creando entes privados en el aparato estatal que corroen lo público y lo político, construido social e históricamente por nuestra sociedad.

Los procesos de privatización de la función pública en Costa Rica no requirieron desmantelar la institucionalidad estatal, se apropiaron de ella para hacer y favorecer negocios privados. Las entidades descentralizadas no solo se autonomizaron de la centralidad estatal, también lo hicieron de la función pública, pero con amparo estatal. El gerenciamiento privado en la institucionalidad estatal, encareció los servicios públicos pagados por la ciudadanía y también se arrogaron privilegios similares a los dueños y gerentes de empresas privadas.”

Hoy en día apreciamos la reedición de tales prácticas con las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que aumentará en 1% el aporte de los trabajadores para garantizar una pretendida sostenibilidad financiera de futuras pensiones del Régimen Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a pesar que no son los trabajadores responsables de desfalcar un régimen administrado por la C.C.S.S. Dicha Junta, integrada por tres representantes del Gobierno, Patrones y Trabajadores, decidió unilateral, arbitraria e inconsultamente que sean los propios trabajadores quienes garanticen sus futuras pensiones.

Pero, la pregonada debacle del Régimen Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es acaso una consecuencia por ¿pagar de modo generalizado altas pensiones?, ¿por qué son muchos los pensionados?, ¿por qué se pensionan a una edad muy temprana?, ¿por qué los trabajadores no se mueren más y más rápidamente, o por qué tienen deudos que se reciben parte de la pensión? De ningún modo.

Pero, ¿no será otra manifestación de fuerza de una institución pública descentralizada, que se cree autónoma y libre de cualquier determinación externa que actúa contra los trabajadores y el Gobierno, para mostrar quien es el que manda a pesar de la unilateralidad de las decisiones, de su dependencia política y administrativa y de la función pública a la cual están obligados a servir? Los representantes en la Junta Directiva han mostrado que su decisión no está en favor de los trabajadores para garantizarle una futura protección, es decir están afirmando regresivamente que son los trabajadores los deben asumir la responsabilidad de garantizar su invalidez, vejez o muerte, mientras que se les exime a los propietarios, que incumplen sus obligaciones contributivas, ahora se les exime de compensar su responsabilidad con la garantía social de las personas que han dedicado gran parte de su vida a trabajar para sus patrones. Esto es, la posición política e ideológica de la Junta Directiva, es en favor de los propietarios, encarnada en los funcionarios públicos e incluso de los representantes formales de los trabajadores.

Esta infame Junta Directiva de C.C.S.S. encubre su arbitrariedad autocrática con las estimaciones y recomendaciones efectuadas por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, quien no es responsable de las decisiones adoptadas y quien establece que el proceso crítico al régimen sería a partir del año 2030, bajo los supuestos que toda proyección posee, las cuales han sido observadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con lo cual se relativiza, aún más, las previsiones de las estimaciones actuariales. ¿Entonces?, no solo, no es urgente iniciar un proceso de acumulación de salarios para los usos que los Directivos determinen, sino que incluso los cálculos de la pretendida crisis financiera del IVM tienen una serie de ponderaciones que son equivocadas e imprecisas. Ante estos hechos que son públicos y notorios, ¿por qué entonces hacer ese descuento a los salarios de los trabajadores y porque en las actuales circunstancias? Esta situación revela que la decisión de aumento de la recaudación para el IVM a costa de los asalariados, había sido adoptada independientemente de las estimaciones actuariales, del análisis del régimen, de las posiciones de los afectados y las consecuencias sociales, políticas y económicas en los trabajadores y la sociedad. Los resultados actuariales de la UCR han sido distorsionados y usados como pretexto para finalidades políticas de autócratas, hoy convertidos en enemigos de los trabajadores y de la institucionalidad pública.

El Gobierno de Oscar Arias y el presidente de la C.C.S.S. en ese entonces, son responsables de haber efectuado 30 revalorizaciones salariales que demandaron el aumento de un millón de dólares en la CCSS, haber incrementado las anualidades, aumentado el tope de cesantía y la creación de 10 mil nuevas plazas en la institución, sin argumentación, pero con un alto impacto financiero en el régimen de IVM, como es conocido por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa. Las prácticas partidarias clientelares del pasado tienen efectos políticos y financieros en el presente, pero los autócratas de modo cómplice prefieren ignorar las responsabilidades políticas determinadoras de la actual situación y como continuadores de los propósitos liberales, hacen planes para que los fondos del régimen puedan ser invertidos en el mundo financiero internacional, así como incrementar nuevas plazas para vulnerar y quebrar definitivamente el régimen de pensión de IVM. El uso de los salarios acumulados para dinamizar y alimentar la voracidad del controlado mundo financiero, es un abierto atentado de lesa humanidad.

La Mesa de Diálogo instaurada por la Junta Directiva de la C.C.S.S., está conformada por tres integrantes plenos por cada representación del gobierno, trabajadores y patrones, así como con  cinco grupos de observadores, con solo voz: Defensoría de los Habitantes, Consejo Nacional de la Persona Adulta, Instituto Nacional de las Mujeres, la Iglesia Católica y la Organización Internacional del Trabajo. La apariencia constitutiva de la Mesa de Diálogo vislumbraba el diálogo, el análisis, la negociación y el acuerdo, como debe corresponder a una organización democrática y pública y por tratarse de un asunto que compromete a gran parte de los integrantes de la sociedad. De manera particular, su objetivo es recomendar a la Junta Directiva las propuestas a partir de las estimaciones que permitan fortalecer la sostenibilidad del régimen IVM, sin embargo, la Mesa de Diálogo sin haber concluido su labor de conocimiento, objeciones y alternativas posibles, la Junta Directiva no revisa la decisión ni la posterga, como tampoco permite que la Mesa de Diálogo pueda recomendar, sugerir y acordar de manera mancomunada lo pertinente. La Junta Directiva está usando a esta comisión democrática para validar lo insustentable, lo cual coincide con lo expresado por la Unión de Cámaras de propietarios, que se reintegran a la Mesa de Diálogo que abandonaron, en razón de actuar según lo establecido por la Junta Directiva: aumentar la cuota a los trabajadores.

Esto es, nos enfrentamos a una situación con la C.C.S.S. que paradójicamente solo acepta como democracia la validación de sus decisiones. La paradoja democrática costarricense es la de cobijar, financiar, respetar la actuación contra la fe pública de las autocracias en el seno de la institucionalidad estatal, o dicho de otro modo, hay dictaduras institucionales que cierran las puertas al diálogo igualitario que invitan y propugnan la arbitrariedad unilateral.

En una sociedad desigual y contradictoria, no es posible la concordancia sobre aspectos que impliquen afectar desigualmente los intereses de algunas de las partes implicadas en las relaciones entre el Estado, el capital y el trabajo. Conciliar intereses sociales distintos o antagónicos, en un proceso social interdependiente, es un acto político democrático porque implica negociar y reconocer el derecho ajeno.

(*) Juan Huaylupo Alcázar es catedrático de la Universidad de Costa Rica.