El poder de los grupos de presión

El poder de los grupos de presión

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De cal y de arena

A propósito del aluvión de malas noticias en torno al estado de las finanzas públicas y de la ineptitud política para acometer de alguna manera eficaz la solución de la crisis fiscal, el diputado Solís Fallas (La Nación, 6/08/17) clama –y lo plantea en términos imperativos- “por enterrar el poder de veto que se ha otorgado a algunos gremios laborales y empresariales”, veto que éstos han ejercido ante diversas propuestas encaminadas a darle salida al grave desequilibrio en que se ha sumido el erario público.

Ese desenfreno de poder que practican los gremios  surge y se cultiva en el vacío que se ha creado con el desplome de los partidos políticos y con la desaparición de los liderazgos políticos. Si de enterrar el poder de veto de los gremios laborales y empresariales se trata, habría que preguntarle a don Ottón cómo acometer la tarea ya no de enterrarles ese poder de veto sino de domar su ejercicio y de evitar su abuso, poniéndole fronteras.

Escribió don Alberto F. Cañas que los grupos de presión se instalaron en el escenario nacional para compartir con los partidos políticos la primacía en la actividad pública y estatal. Y así sucedía años atrás cuando los partidos tenían arraigo, confianza y respaldo entre los ciudadanos, y en su organización había liderazgos bien definidos y con autoridad moral reconocida. Tanto como para poner a los grupos de presión en su lugar y para inhibirles su pretensión de veto. Pero hoy, cuando partidos y políticos están por el suelo, ¿quién le pone el cascabel al gato?.

En este expediente de los poderes fácticos el capítulo más calificado de nuestra historia política se dio en 1948 cuando lo más granado de la oligarquía nacional –organizada y comportada como arrogante grupo de presión- llegó a demandarle al presidente de la junta de gobierno, José Figueres, derogar el conjunto de normas e instituciones creadas por Calderón Guardia bajo la denominación de “Reforma Social”. El portazo en las narices fue terminante y elocuente.

Distinto les fue cuando hicieron valer sus ínfulas ante el presidente Ulate para derogar el impuesto al capital.

Y de ahí en adelante se suceden los acontecimientos y los gobiernos, con gobernantes más persuasibles –unos- y más celosos de su independencia –otros-. Mandatarios débiles, complacientes y sin visión de futuro habituaron a los grupos de presión a ponerle brida al gobierno. Agreguemos que la crisis política en que están los partidos y de la ausencia de liderazgos políticos les ha caído de perlas, con resultados ominosos: la crisis fiscal se ha agravado más allá de los ámbitos que le hacían manejable, con síntomas de peligro para la estabilidad social y ya no solo para el funcionamiento del Estado y de la economía.

Dicen que es el poder, en última instancia, el denominador común de toda ambición. Y los grupos de presión lo consiguen no por el atajo de unos partidos que sólo sirven para llenar la formalidad preceptuada por el Código Electoral, sino por la cooptación de los centros de decisión del aparato burocrático, directamente.

De pronto el país entero se percata de la fuerza atosigante que tiene la multitud de sindicatos presentes en las entrañas del Poder Judicial. Su desafío llegó al grado de  inhibir la administración de justicia y de arrodillar al mundillo de los magistrados. El resultado es el mismo presente en otros frentes donde otras dependencias del Estado también han sido arrodilladas.

Todo en medio de la crisis de los partidos y de la ausencia de líderes de proyección nacional. Esta es la crisis que hay que enterrar de primero. Y no es cuestión fácil ni de pequeña dimensión ni de inmediatez posible, sobre todo si se parte de la indiscutible necesidad de que el ciudadano tome conciencia de lo que está sucediendo y de que sus implicaciones le afectan, inevitablemente.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista

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