San José, 19 Sep (Elpaís.cr).- Agrupaciones civiles y empresariales que se ven afectados por el Reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre (LCVS), propusieron la conformación de una mesa de trabajo para la modificación de esa normativa, mediante una carta dirigida a la viceministra de Ambiente, Patricia Madrigal.
Las solicitudes hechas fueron concensuadas durante una reunión que se realizó ayer en Canatur, en la cual participaron representantes de las cámaras de turismo de Guanacaste y Arenal, la Asociación de Operadores de Aventura, CANAECO, el Colectivo de Flora (Orquídeas), el Colectivo de Mariposarios, la Asociación Vita-Ex Situ y otras organizaciones, mismas que cuestionan la transparencia en el proceso de consulta del reglamento.
Se envió copia del documento al presidente de la República, los ministros de Presidencia, Ambiente y Turismo y la dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
“Considero que la vía correcta es unificar esfuerzos públicos y privados para garantizar la protección de la vida silvestre conforme a la Ley, con el aporte de todos los responsables, sin poner en riesgo el turismo ni el desarrollo socioeconómico del país. Se espera una pronta reacción de la Administración sobre la conformación de esta mesa, y desde ya, el sector turismo ofrece todo el apoyo necesario para involucrar a las cámaras regionales en lo que corresponda”, manifestó Isabel Vargas, presidenta de Canatur.
Para lograr esto se solicitó emitir un decreto de moratoria por dos años con el fin de que esta mesa de trabajo pueda generar un plan de acciones que prepare a los involucrados, analice las objeciones y formule las recomendaciones que considere necesarias para la modificación del Reglamento o de la Ley de Conservación de Vida Silvestre si fuera del caso.
“La conservación ex situ en sus diferentes categorías de sitios de manejo (exhibición, zoológico, zoo criadero, entre otros) juegan un papel fundamental para el éxito de la conservación y por ende para la actividad turística, por lo que resulta de gran preocupación para el sector turístico las implicaciones del nuevo reglamento. El SINAC no ha sido transparente en este proceso y se ha rehusado a dar acceso a la copia del expediente a la sociedad civil, a pesar de lo determinado por la Sala Constitucional, por lo que se solicitó una orden de desacato ante esa instancia”, aseguró Luis Fernando Morales, vocero de las agrupaciones.
