Madrid, 4 oct (Sputnik). – Los partidos independentistas catalanes marcaron para el lunes la fecha de un pleno que puede desembocar en una declaración unilateral de secesión de España.
El término que se ha utilizado es el de «pleno extraordinario excepcional», formula que les «permite pensar unos días y discutir entre ellos», dice un diputado autonómico catalán citado por el diario digital El Español.
«Pero en resumen el lunes puede declararse la independencia», zanja la fuente del medio.
El presidente autonómico, Carles Puigdemont, ya había avisado antes en una entrevista con la BBC que la declaración de independencia se produciría en cuestión de días, «a finales de semana o comienzos de la próxima».
Por su parte, el Gobierno de España ya adelantó, a través de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, que una declaración de independencia no tendría «ninguna validez, ningún efecto y ninguna consecuencia».
Además advirtió que el Estado de derecho «tiene todas las herramientas para actuar».
«No se va a declarar la independencia», sentenció.
LA MONARQUÍA SE POSICIONA
El rey de España, Felipe VI, que además de jefe de Estado es el máximo cargo de las Fuerzas Armadas españolas, acusó al Gobierno catalán en un discurso televisado de «irresponsable», de «quebrar los principios democráticos» y de «socavar la armonía y la convivencia».
La aparición del monarca se produjo de urgencia y sus palabras se salen de la «invariable neutralidad» que debe adoptar, según consagra la Constitución española en su artículo 63.
«Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía», defendió.
El monarca reafirmó «el más firme compromiso de la corona con la Constitución y la unidad de España».
MÁS IMPUTACIONES CONTRA LA «SEDICIÓN»
La juez de la Audiencia Nacional, Carmela Lamela, citó hoy para el viernes como imputado al jefe de la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la causa de sedición abierta la semana pasada por los incidentes del 20 de septiembre en Cataluña.
La imputación se produce en el marco de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado por la concentración frente a la sede de la consejería de Economía.
La pasada semana, miles de manifestantes trataron de impedir la acción de policías y guardias civiles durante las detenciones de cargos públicos y registros de varios edificios de la administración catalana con motivo de la convocatoria del referéndum de autodeterminación, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional.
La magistrada entiende que los hechos pueden ser constitutivos de delito de sedición por ir «dirigidos a romper la organización territorial del Estado».
Ante esta situación, también citó como imputados a la intendente de los Mossos en el Eixample, Teresa Laplana, y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
La descripción del delito de sedición en el Código Penal –recogido en el artículo 544 y penado con hasta 15 años de cárcel– «encajará en las conductas materiales descritas en el delito contra la forma de gobierno si los actos se ejecutan con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado», señala el auto.
Este delito se aplica a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes» o para «impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales».
Este domingo tuvo lugar un referéndum de autodeterminación en Cataluña convocado de manera unilateral por el Gobierno catalán, una consulta que se celebró pese a que el Tribunal Constitucional de España la había declarado ilegal.
En esa votación participaron 2,2 millones de personas, de las que un 90 por ciento apoyó por la opción independentista, lo que según las autoridades catalanas les otorga el derecho de proclamar la República de Cataluña.
Madrid, en cambio, no reconoce la validez de ese referéndum porque fue declarado contrario al derecho por el Tribunal Constitucional ni cumplió un mínimo de garantías de procedimiento. (Sputnik)
