San José, 3 Nov (ElPaís.cr).- Tres personas de apellidos González, Rivera y González respectivamente, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público este viernes, en contra de ocho altos funcionarios en los supremos poderes del Estado.
La denuncia señala al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, al Magistrado suspendido de la Sala III, Celso Gamboa Sánchez, al Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán, a la ex Fiscala Subrogante Berenice Smith Bonilla, al ex Ministro de Economía, Welmer Ramos González, al diputado y candidato presidencial del Movimiento Libertario, Otto Guevara y al ex diputado del PAC y ahora independiente, Víctor Morales Zapata.
El texto presentado ante la Fiscalía como “una querella de acción popular”, contiene 29 páginas y detalla una relación entre el poder político del que gozan estas personas y los hechos que acontecieron a favor del empresario Bolaños.
Entre ellos, menciona los cambios al reglamento técnico de cemento en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), los cambios de reglamento a lo interno del Banco de Costa Rica (BCR) para poder otorgar un crédito de $30 millones, los desalmacenajes del cemento en aduanas, las irregularidades con las que se otorgó el préstamo bancario, la desestimación de las causas penales en la Corte Suprema y las visitas constantes a Casa Presidencial.
La denuncia enumera seis delitos, pero no especifica cuáles de estos son atribuibles a cada funcionario. Ante esto, solicitaron a la Fiscalía levantarles la inmunidad política y procesarlos como ciudadanos normales.
“Solicitamos se investigue y posteriormente se presente ante la Corte Suprema de Justicia la respectiva acusación, con la indicación clara de que los aquí denunciados deben ser sustituidos por magistrados suplentes para lo que corresponda, y además solicitar que se levante la Inmunidad de los acusados que tengan fuero de protección,”, señala la denuncia.
Dentro de los delitos expuestos por los denunciantes, está el prevaricato, la falsedad ideológica, el incumplimiento de deberes, el tráfico de influencias, la influencia en contra de Hacienda Pública y el fraude de ley en la función administrativa. Los primeros tres delitos están descritos en el Código Penal, mientras que los otros tres en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Por último, los denunciantes solicitaron al Ministerio Público analizar el sustento legal de todas las desestimaciones realizadas por la Fiscalía y por la Sala III desde el año 2014, así como intervenir en el Banco de Costa Rica para hacer una revisión de las actas de la Junta Directiva que llevaron a los cambios de reglamento.
En el texto se señala como primordial el levantamiento del secreto bancario de todas las cuentas relacionadas con Juan Carlos Bolaños y las personas involucradas, así como también el acceso a las cuentas bancarias de Celso Gamboa, Berenice Smith y Jorge Chavarría.
Sumado a esto, la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) presentó una demanda penal contra el Fiscal General Jorge Chavarría y el magistrado de la Sala III Celso Gamboa, la cual también está relacionada directamente con el caso del cementazo.
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Marta arauz alfaro
De la existencia de magistrados corruptos. Que eligen a jueces y demas personal.estamos cansados de estar denunciandolo. En la inspeccion. En el O.I.J.en el consejo superior del poder judicial.pero como todas esas dependencias estan controladas por el mismo grupo. Resulta que estamos controlados por ellos mismos y np contamos con un lugar que no este contaminado para denunciar que este grupo esta administrando la justicia por fraude y los que se benefician con el fraude son los que pagan. Para muchos lo antes indicado no es importante. Pero entonces que esperan para C.R. los primeros malos costsrricenses son los que cuentsn con posibilidades de permitir que hablemos y no nos dejan porque es mas importante esyar bien con esos grupos dominantes.