Río de Janeiro, 4 nov (Sputnik).- La tragedia del 5 de noviembre de 2015 en la localidad de Mariana, ubicada en el estado brasileño de Minas Gerais (sureste), cuando una balsa de lodo tóxico se rompió, dejando 19 muertos y un impacto ambiental sin precedentes, sigue presente como un problema para los damnificados.
Un total de 297 familias que se vieron afectadas por el desastre continúan realojadas en Mariana de forma temporal a la espera de una solución definitiva y sólo «parte de las anticipaciones de las indemnizaciones» ha sido pagada, denunció en un informe divulgado el viernes el colectivo Sirene, que agrupa a parte de las víctimas del desastre.
Cuando la barrera de residuos mineros se rompió, cerca de 44 millones de metros cúbicos de barro inundaron la cuenca del río Doce, recorriendo 680 kilómetros hasta el océano y dejando a su paso un rastro de destrucción.
Se perdieron 349 casas, escuelas e iglesias, así como el ecosistema de los ríos Doce, el Gualaxo del Norte y Carmo, privando a decenas de comunidades de pescadores de su medio de supervivencia.
Al día de hoy más de 8.200 personas disponen de una tarjeta con la que reciben ayudas compensatorias.
Según un reciente estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) los suelos y las aguas de los ríos siguen contaminadas dos años después y la toxicidad es crónica.
Los primeros afectados del desastre fueron los habitantes del barrio Bento Rodrigues, que quedó totalmente sepultado por el lodo.
Ahora los antiguos ocupantes de esas casas esperan que la empresa propietaria de la mina, Samarco (controlada por la brasileña Vale y por la angloaustraliana BHP Billiton) cumpla con la promesa de inaugurar el nuevo barrio en el primer semestre de 2019, aunque temen retrasos.
Los vecinos también critican el funcionamiento de la Fundación Renova, creada por las empresas y las autoridades del estado de Minas Gerais para financiar los proyectos de recuperación ambiental, restauración del patrimonio histórico destruido y reinserción laboral de los afectados, entre otros.
«Es evidente que priman los intereses corporativos sobre los de la población afectada», lamentan, subrayando que la fundación no tiene ni un solo representante de los afectados en sus foros deliberativos y que su equipo está nombrado por las empresas responsables de la catástrofe.
Los responsables de esta fundación afirman que ya se desembolsaron 2.300 millones de reales (694 millones de dólares) en acciones de reparación.
El presupuesto total previsto es de 11.100 millones de reales (3.350 millones de dólares) y el plazo de ejecución va hasta el año 2030. (Sputnik)
