San José, 4 Ene (ElPaís.cr).- Hace pocos días trascendió que el empresario autobusero, Raymond Siman, quien es el dueño de Biusa, había comprado todos los bonos de deuda política del Partido Integración Nacional (PIN) por 160 millones de colones, pero luego de una denuncia pública realizada por el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, resultó que en total ha aportado 366 millones de colones.
Alvarado llevó a cabo este miércoles una conferencia de prensa acompañado de la candidata a la vicepresidencia, Epsy Campbell, las diputadas Marcela Guerrero, Marlene Madrigal y el Jefe de fracción oficialista, Javier Cambronero. El objetivo de la rueda de prensa fue exponer un conflicto de intereses que está sucediendo a través del financiamiento del candidato del PIN, Juan Diego Castro.
Cabe recordar que el empresario en cuestión ha tenido acercamientos en otras campañas políticas con Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Además, fue quien canceló los servicios de La Uruca el año pasado, además de poseer Guilial para Barrio Escalante, Barrio La Cruz y Barrio México. Así también, hace tan solo seis meses renunció a la concesión de varias rutas, alegando que iba quedar en quiebra por un aumento tarifario implementado por ARESEP.
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Según dijo el oficialista, el transporte público maneja más de $700 millones anuales en rutas que dependen de permisos o concesiones del Consejo de Transporte Público (CTP), por lo que desde su perspectiva, la intromisión de un empresario autobusero puede poner en jaque el futuro del transporte público.
«Esto hace que la influencia política resulte clave y de ahí el peligro de este financiamiento a un candidato presidencial», indicó. Agregó que «esta vieja práctica del bipartidismo, que conduce a asumir compromisos a cambio de financiamiento, es parte de la política tradicional que tanto daño ha hecho a Costa Rica», manifestó Alvarado.
El candidato presidencial del PAC agregó que esta práctica es de la vieja escuela política de Costa Rica y se viene a sumar a una serie de actitudes que impiden que el país avance, en este caso específico se refirió al transporte público.
«Aquí lo que está en juego es que las cosas sigan iguales, o que haya una transformación que está pidiendo todo el mundo a gritos para tener un transporte público de calidad, empezando por un mejor sistema de buses», indicó.
Sumado a esto la diputada Marcela Guerrero, quien ha sido una de las principales promotoras del PAC para modernizar el transporte público, señaló que las alianzas entre políticos y empresarios ha sido un obstáculo para poder transformar el modelo de transporte en Costa Rica.
«En el sector de transporte público se ha institucionalizado la práctica de los grandes autobuseros de enfocarse solo en las ganancias, en detrimento del usuario, y de pretender despojar a pequeños empresarios de transporte de su negocio», denunció.
Guerrero aseguró contar con información sobre los vínculos que por muchos años ha tenido Juan Diego Castro con el sector autobusero, que lo retratan como parte de la política tradicional que gobierna en función de unos pocos.
