La iniciativa crea además, un modelo de indicadores que mide el desarrollo de los medios de comunicación y sus aportes a la profundización de la democracia, con el objetivo de generar datos oficiales que se actualicen cada dos años con una nueva edición del informe.
La abogada, Giselle Boza Solano, coordinadora del PROLEDI, señaló el interés de la iniciativa por ofrecer espacios para el debate abierto y transparente respecto a la forma en que se ejercen los derechos comunicativos en la sociedad costarricense.
Enfatizó además el deber que tiene la academia y los estados, respecto a la creación de los mecanismos necesarios para enfrentar los viejos y nuevos retos relacionados con el pluralismo, la diversidad y la inclusión social en los procesos de comunicación.
“No pretendemos con este informe agotar los principales aciertos y debilidades de nuestro régimen de derechos comunicativos, siquiera la bastedad de temáticas. Nuestro interés es avanzar mediante la investigación y la acción social, que es lo que nos corresponde como academia, hacia el estudio de estos y otros temas”, explicó Boza.
La comunicadora Patricia Vega, directora del CICOM, señaló la importancia de que la academia favorezca la consolidación de alianzas interdisciplinarias, como las que establece esta iniciativa, a fin de profundizar en el análisis, investigación y discusión en torno a la libertad de expresión.
“Las nuevas tecnologías plantean cada día grandes retos y la investigación revela que la libertad de expresión es un camino que está iniciando, a pesar de la trayectoria histórica que tiene” señaló la académica.
Por su parte, el rector de la institución, Dr. Henning Jensen Pennington, reconoció que la libertad de expresión en Costa Rica sufre restricciones importantes, que colocan a diversos sectores de la población en dimensiones rezagadas respecto al ejercicio de sus derechos.
El jerarca señaló que para lograr condiciones de igualdad y no discriminación en el ejercicio de sus derechos comunicativos de toda la ciudadanía, resulta indispensable contar con mecanismos que garanticen el pluralismo y la equidad.
“Este primer informe es un ejercicio de la UCR que recopila los esfuerzos de los últimos años para conocer la situación en el país, con miras a facilitar información esencial para la toma de decisión y para la definición de una agenda pública en defensa de este derecho fundamental para las sociedades democráticas”, concluyó el rector.
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
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