San José, 29 May (ElPaís.cr).- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigará la supuesta estructura paralela de financiamiento del Partido Restauración Nacional (PRN), tras una denuncia que hizo el diputado y Presidente de la agrupación, Carlos Avendaño.
Avendaño brindó una conferencia de prensa este lunes, en la que dijo que los gastos millonarios que le están cobrando al partido después de la segunda ronda electoral, no pasaron por el filtro del Comité Ejecutivo del PRN.
Luego de que pasó la contienda electoral, trascendió que Restauración Nacional tiene un pago pendiente con tres empresas por un total de ¢307,5 millones, los cuales según dijo el mismo Presidente del partido, fueron presupuestados con fondos externos y no hubo contratos de por medio.
Avendaño fue enfático ante la prensa al decir que hubo una serie de gastos que no pasaron por el control legal que fijo el Comité Ejecutivo del PRN, y que por eso será el TSE, la entidad que determine quienes son los responsables y al mismo tiempo, si el excandidato presidencial Fabricio Alvarado estuvo incolucrado o no.
“El TSE tiene que establecer quienes hicieron las contrataciones, con quienes se reunieron y con quienes acordaron montos”, dijo el jerarca del partido.
El diputado cristiano advirtió que por el momento estos son los casos que son públicos, pero que está seguro que en los próximos días saldrán más.
“Alisten la libreta, los bolígrafos y prepárense, porque viene más”, dijo en rueda de prensa.
De acuerdo a sus declaraciones, muchos trámites de campaña de Alvarado no se gestionaron directamente desde el partido, por lo que la administración del PRN desconoce en su totalidad cuál es la realidad del asunto.
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Hasta el momento, solo se conocen tres casos de forma pública. El de la empresa One Sport Costa Rica, que es propiedad de Juan Carlos Campos, el exjefe de campaña de Fabricio Alvarado, quién presentó una factura por $300.000 (¢174 millones).
Durante la campaña, Campos dijo que sus servicios serían ad honorem, sin embargo su factura indica que el cobro es por “honorarios y gastos”, en los que dice haber incurrido en la ejecución de la estrategia y logística.
A pesar de que Avendaño dice que no hay ningún contrato firmado, Campos asegura que hubo un contrato verbal y que hay varios testigos que confirman el trato previsto entre las partes.
El exjefe de campaña de Alvarado explicó que el dinero cobrado no es para él ni para ninguna de sus empresas, sino para pagar a otras compañías que brindaron servicios de diseño, arte, redes sociales, producción, entre otros.
El segundo caso fue con la empresa Crescendo Mercadeo y Publicidad, del cantante Luis Alonso Naranjo, quién es primo de Fabricio Alvarado.
Alonso Naranjo facturó un cobro de ¢115,5 millones por la producción de un total de 123 videos, fotografías, la canción de la campaña de Restauración, la realización de varios Facebook lives y el manejo de la agenda del excandidato.
Respecto a este caso en específico, Naranjo asegura haber firmado un contrato y entregado una factura por el monto en cuestión, pero Avendaño al igual que en el caso anterior, asegura un desconocimiento total. Incluso mencionó que en una de las cotizaciones recibidas, hubo otra empresa que les cobró un total de 16 millones de colones por 100 videos.
El tercer y último caso que se conoce hasta ahora, es el de la empresa Opinión Política C y C, que cobró una factura por 18 millones de colones. Esto por la realización de seis encuestas realizadas por la casa encuestadora Opol Consultores.
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El Presidente del PRN insistió en que esos contratos no se pagaran con el dinero de la deuda política, ya que en su criterio sería ilegal puesto que no existió un contrato ni registros de los estados contables.
Cabe mencionar que el Código Electoral de Costa Rica castiga con una pena de dos a seis años de prisión a los integrantes del Comité Ejecutivo, candidatos presidenciales, responsables de campañas o cualquier otro representante del partido que gestione una estructura paralela para evadir el control de cada agrupación política.
El Código establece una sanción de dos a cuatro años para quienes hagan aportes mediante terceros a favor de un partido sin la autorización del comité.
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nilfs2
Que compren guantes los fabricistas, porque no pueden enseñar “las manos limpias”, las andan llenas de mugre.