San José, 20 Jun (ElPaís.cr).- El diputado Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN), solicitó al Gobierno hacer público el Plan de Transformación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
El legislador dijo ante el Plenario Legislativo que Casa Presidencial y principalmente el Presidente Ejecutivo de la institución, deben explicar cuál es el plan de movilidad de los funcionarios que se pretende implementar para que los trabajadores se trasladen a la empresa APM Terminals.
“Desde que se firmó el contrato con APM Terminals en el año 2011, se sabía que esta empresa tomaría el 60% de la carga de contenedores que Japdeva tuvo en sus manos durante años, y se ha estimado el despido de 900 funcionarios, pero hoy no está claro qué pasará con ellos ni con la institución”, expresó Cruickshank.
El congresista del PRN pidió que también se detalle a los trabajadores y a la opinión pública, como se va a presupuestar el pago de las prestaciones.
“El Presidente Carlos Alvarado le encomendó –’como tarea inmediata’- al presidente de Japdeva un plan de transformación de la institución. Ha pasado un mes y ya debería estar un borrador o la propuesta de plan, y lo que tenemos es un absoluto silencio”, enfatizó el diputado.
En febrero del 2019 cuando la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM) abra sus puertas, será la empresa APM Terminals la que asumirá la carga de contenedores que Japdeva ha tenido hasta el momento a su cargo.
La Junta enfrentará un reto sin precedentes y se estima que como resultado de la entrada en operaciones de esa empresa, se tendrá que realizar un despido de al menos 900 funcionarios.
Cruickshank recordó que el gobierno pasado decidió utilizar ¢15 mil millones de colones que se habían presupuestado desde el año 2009 para el pago de las prestaciones de los empleados de la institución para comprar dos grúas y un remolcador, y cuestionó que el presidente de Japdeva debe decir de dónde se tomarán los nuevos recursos para el pago de prestaciones que deberá asumir el gobierno.