Columna Poliédrica
La Corte Suprema de Justicia está integrada por veintidós magistrados. La distribución de los veintidós en cada Sala de la Corte es la siguiente: la Sala Cuarta tiene siete magistrados, en cambio, la Sala Primera, Segunda y Tercera tienen cinco magistrados cada una. Se suele decir que la clase política ha procurado controlar, especialmente, la Sala de Casación Penal y la Sala Constitucional.
Tener clara esta integración es fundamental para lograr establecer una distribución del poder que tienen los magistrados. Para que nos entendamos, en términos numéricos, la Sala Constitucional se controla teniendo cuatro magistrados propietarios y en las otras Salas de la Corte, teniendo tres magistrados. Bajo esta lógica meramente aritmética, la Corte Suprema de Justicia se controlaría en su totalidad teniendo el favor de trece magistrados, sin embargo, el dominio de las Salas Tercera y Cuarta se logra teniendo la conformidad de siete magistrados.
Lo ocurrido recientemente en la Sala Tercera responde al hecho que el poder político logró colocar, al menos, tres magistrados afines a sus intereses. No hay que ser muy brillante para saber de quiénes estamos hablando si decimos lo siguiente: dos de ellos ya se han ido y uno acaba de ser reelegido por ocho años más y tiene una concha más dura que una tortuga.
Ahora bien, para evitar la concentración de poder con base en la aritmética que hemos indicado, es necesario que los cargos de magistrados provengan de diversos sectores. En principio los sectores que deberían tener representación es el de los jueces de carrera, el académico y el de los litigantes; sin embargo, el número de cargos de magistrado que corresponde a cada sector tendría que ser definido, procurando que se mantenga una proporcionalidad entre todos los sectores.
Los requisitos para las personas que aspiren a la magistratura deben tener como objetivo disminuir los riesgos del compadrazgo político. Por ejemplo, la experiencia profesional debe ser asociada a la edad del aspirante, es decir, se debe abogar por aspirantes con una edad mínima de 55 años y con una experiencia profesional de, por lo menos, treinta años.
La finalización del período de nombramiento debería coincidir con la obligación de jubilarse de cada magistrado propietario electo. Desde esa perspectiva , se podría pensar en un único nombramiento de ocho o diez años para que el magistrado no se vea expuesto a ser condescendiente con el poder político para ser reelegido. El nombramiento como magistrado sería como una especie de reconocimiento a la trayectoria del aspirante, ya sea como juez, como litigante o como académico.
El nombramiento sería competencia de la Asamblea Legislativa. No obstante, la elección la haría con base en la terna que presenten los jueces, los abogados y las universidades. La posibilidad que los diputados se aparten de las ternas remitidas por estos sectores debería estar vedada, sin embargo, tendrían la posibilidad de objetar si alguno de los aspirantes de la terna no cumple con los requisitos formales para su elección.
Estos criterios mínimos no aseguran la infalibilidad del nombramiento. Lo que sí pueden hacer es disminuir la posibilidad de elegir personas sin atestados mínimos, como el magistrado de la Sala Penal que tuvo que renunciar recientemente. También podrían evitar que haya magistrados que se perpetúen en el puesto, como es el caso del magistrado de la concha dura. Finalmente, puede que ello impida el ascenso de personajes con un conocimiento del Derecho sumamente limitado, como es el caso del magistrado que debió dejar la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Llegó la hora de asumir con responsabilidad esta coyuntura histórica. Se debe dejar la politiquería a un lado y tener altura de miras en este momento. Al igual que en la Grecia Antigua, el involucrarse en la cosa pública debe entenderse como una virtud y no como un vicio. ¡Llegó la hora de la verdad en materia judicial!
(*) Andi Mirom es Filósofo
columnapoliedrica.blogspot.com
1 Comment
Juan Huezo Zúñiga
Por ello el poder mediático nacional esconde medulares detalles de esa elección, donde el tradicional bipartidismo quiere seguir metiéndonos dieces con hueco por toneladas. El tener novatos o útiles títeres -con varias excepciones- de los nuevos partidos está debidamente calculado, por cuanto solo teniendo descobijados asesores se darán cuenta por donde viene la procesión. Es un hecho que nuestra Corte Plena está contaminada y parte de la ceguedad popular y legislativa se debe a los medios que como compensación le hacen el juego, para no reconocer sus multimillonarias cuotas (impuestos) al Estado, al dejar de pagar, creando una real desinformación al efecto. El truquito esta montado, todo es seguir la partitura, para seguir ahorcándonos.