Caracas, 2 ago (EFE).- El Gobierno venezolano avanzó hoy en sus medidas económicas para enfrentar la crisis con la derogación del régimen de ilícitos cambiarios, que otorga la exclusividad de las divisas al Estado, en medio del rechazo de transportistas y opositores al censo de vehículos decretado para el suministro de gasolina.
La oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no reconocida por numerosos Gobiernos, aprobó hoy por unanimidad un decreto con el que se deroga el régimen de ilícitos cambiarios que hasta ahora otorga la exclusividad de las divisas al Estado.
El decreto de derogación presentado por el Ejecutivo y que fue aprobado tras una breve discusión en la que ningún constituyente manifestó algún desacuerdo, no deja claro, sin embargo, si esto implica el levantamiento total del control de cambio que opera desde 2003.
El vicepresidente económico, Tareck el Aissami, quien leyó artículos de la nueva norma, aseguró que con la derogación de ese régimen se «facilita» que «cualquier persona haga operaciones legalmente bajo el amparo» de la «Constitución y de las leyes de la república sin que incurran en ningún tipo de ilícito».
El artículo 1 de la nueva normativa dice que buscan otorgar a personas naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras «las más amplias garantías» para su «mejor participación» en el desarrollo socioeconómico productivo del país.
El artículo 2 señala que a partir de la entrada en vigencia de este decreto «se deroga el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos» y el artículo 138 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual establece sanciones a los que realicen operaciones cambiarias de divisas en el país.
En el 3 se habla de que «los casos graves ocurridos hasta la fecha de publicación de este decreto en Gaceta Oficial» en cuanto a los delitos económicos previstos en la hoy derogada norma, sí serán sancionados.
El cuarto dice que las sanciones previstas en el derogado decreto «se rebajarán a sus dos terceras partes cuando la totalidad de las operaciones realizadas por el mismo sujeto activo no excedan en conjunto 10.000 dólares o su equivalente en otra divisa».
Y en el quinto se señala que la responsabilidad civil derivada de los ilícitos cambiarios cometido hasta la fecha de entrada en vigencia del nuevo decreto «subsiste y será reclamada por la República a los responsables conforme a las reglas del Código Penal» y el Civil.
Analistas coincidieron en que la derogación de la ley, que penaba hasta con 15 años de cárcel las transacciones en moneda extranjera, es una medida positiva para «aliviar» a los actores privados, pero «insuficiente» para reflotar la economía.
«Pareciera que vamos hacia un sistema dual donde hay un mecanismo oficial y uno paralelo legal, como era en los otros controles de cambio» que han regido en el país, dijo a Efe el director de la firma Econométrica, Henkel García.
La tasa de cambio oficial en Venezuela establece que un dólar se cambia por 172.800 bolívares, mientras que algunas casas de cambio operan con una relación de 2,9 millones por moneda estadounidense, aunque solo están autorizadas para recibir remesas y no para venderlas.
Los términos de la derogación de la ley no especifican si esta tasa oficial que adjudica pequeños montos a empresarios y particulares a través de subastas se mantendrá, aunque García estima que el sistema, conocido como Dicom, ya no tendrá «sentido».
La derogación de esta ley forma parte de las medidas que ha tomado el Gobierno para intentar recuperar la economía.
En el marco de estas medidas, el miércoles comenzó un censo de vehículos para un «uso racional» de la gasolina a través del llamado «carné de la patria» -una tarjeta promovida por el Gobierno-, algo que fue rechazado hoy por opositores y transportistas.
El presidente del Bloque Unido de Transporte Suburbano, José Luis Trocel, criticó que el Gobierno realice este censo a través del «carné de la patria, cuando se suponía» que la tarjeta era «un programa social».
«No entendemos cómo es que le van a dar el carné de la patria a una persona que tenga tres camionetas último modelo, un yate para que la gasolina sea más barata, o sea eso no se entiende», dijo.
Mientras que el opositor Frente Amplio Venezuela Libre pidió a los ciudadanos «no acudir» a este censo tras considerar que el registro se convertirá en un «mecanismo de control».
Venezuela es dueña de las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, pero padece una severa crisis económica que se traduce en escasez de productos, hiperfinflación y una pésima prestación de los servicios públicos.
Por esta crisis se registran en el país manifestaciones diarias e incluso el Frente Amplio anunció que promoverá una huelga nacional «lo más pronto posible». EFE
