La Comisión Permanente del CGPJ aseguró este jueves que la demanda presentada contra Llarena en Bélgica intenta «someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero».
A su modo de ver, la demanda es «un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional» con el «único fin» de «condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales».
En consecuencia, el CGPJ adoptará «todas las medidas necesarias» para garantizar la independencia del magistrado y, además, instará al Gobierno de España a actuar «para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».
La concesión de amparo fue solicitada al CGPJ por el propio Llarena el pasado 30 de julio, después de que cinco políticos catalanes huidos a Bélgica presentaran una demanda por su papel como instructor de la causa relacionada con el referéndum catalán del pasado octubre.
En concreto, Llarena instruye una causa en la que un total de 25 políticos catalanes –incluyendo al expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont– están procesados por la posible comisión de delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia entre otros.
En la demanda, los procesados afirman que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone «una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política» y añaden que acusarles de ser rebeldes «ofende claramente su honor».
Según recordó el CGPJ, el juez decano de Madrid rechazó dar traslado a Llarena de la demanda y del emplazamiento para que comparezca ante un tribunal belga el próximo 4 de septiembre al entender que la solicitud versa sobre asuntos relacionados con la responsabilidad del Estado español por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad y, por tanto, carece de contenido.
En cambio, el decano de los Juzgados de Madrid sí puso la demanda en conocimiento del presidente del Tribunal Supremo, que el pasado 10 de julio se dirigió a los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores para instarles a llevar a cabo «las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado».
En su solicitud de amparo, Pablo Llarena dijo tener conocimiento de que el Gobierno español puso en marcha esas actuaciones ante el de Bélgica, aunque también dice ignorar si dichas gestiones dieron lugar «a una decisión concreta de actuación procesal por parte del Gobierno belga». (Sputnik)
