Madrid, 24 ago (Sputnik). – El Gobierno de España aprobó este viernes la presentación ante el Congreso de los Diputados de un Real Decreto que modifica algunos aspectos de la Ley de Memoria Histórica del año 2007 para permitir la exhumación del dictador Francisco Franco.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, explicó en rueda de prensa que esas modificaciones permitirán abordar uno de los «contenidos principales» de la Ley de Memoria Histórica, que es «exhumar los restos del dictador Francisco Franco del lugar donde están las víctimas de la contienda».
Calvo recordó que el dictador está enterrado en el Valle de los Caídos con «honores de Estado», lo que es «inasumible para una democracia madura» porque, además de «faltar al respeto de las víctimas», ello supone un incumplimiento de «la prohibición del enaltecimiento del franquismo».
Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, el Real Decreto añade un párrafo que indica «la urgencia de hacer esta exhumación» y, además, señala al Ejecutivo el procedimiento para hacerlo.
Dicho procedimiento, de carácter administrativo, arrancará el próximo 31 de agosto, cuando el Consejo de Ministros aprobará un acuerdo de incoación que permitirá iniciar los trámites para la exhumación.
«La exhumación será con todas las garantías y la familia de Franco será oída y podrá disponer de sus restos en un plazo de 15 días tras la misma», afirmó Calvo.
No obstante, en caso de que la familia del dictador no quiera ocuparse de los restos mortales, el Real Decreto establece que el Gobierno será el encargado de buscar un acomodo «digno» a los mismos
En su comparecencia ante la prensa, Calvo estimó que el proceso de convalidación del Real Decreto en el Congreso de los diputados comenzará dentro de 30 días.
En ese sentido, se mostró convencida de que el trámite parlamentario servirá para «hablar de cuestiones que quedan por mejorar y redefinir con todos los grupos de la cámara».
Calvo recordó que el Congreso de los Diputados ya se mostró en varias ocasiones a favor de la exhumación de los restos de Franco, por lo que se mostró convencida de que el decreto será convalidado.
La vicepresidenta del Gobierno recordó que Franco murió en 1975 y que España tiene una Constitución que establece una democracia representativa desde 1978, por lo que lamentó que la exhumación de Franco llegue «40 años tarde».
«No hay una sola democracia en el panorama internacional que haya sostenido una situación así durante 40 años», lamentó la vicepresidenta del Gobierno, que manifestó su deseo de que, tras la exhumación, España se pueda sentir «más digna» en términos democráticos.
Preguntada por la posibilidad de que la Iglesia se oponga a la retirada de los restos –el complejo monumental del Valle de los Caídos incluye una basílica, en la que está situada la tumba de Franco–, Carmen Calvo dijo haber constatado que “el Gobierno dispone de instrumentos en el marco de los acuerdos con la Iglesia católica para proceder en estricta legalidad a la exhumación de los restos.
Una vez se hayan retirado los restos mortales de Franco, la intención del Gobierno es proceder a una “resignificación” del Valle de los Caídos para convertirlo en un lugar que sirva “al respeto de las víctimas de los dos bandos” en la Guerra Civil española (1936-1939) y en la posterior instauración de la dictadura franquista.
No basta con exhumar a Franco, hay que juzgar sus crímenes
“Necesitamos verdad, justicia y reparación; necesitamos juicios a los criminales fascistas empezando por Franco, juicios como los que se hicieron en Núremberg y Tokyo”, señaló en conversación con Sputnik el portavoz de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, Ildefonso Gómez.
El Gobierno de España aprobó este viernes un Real Decreto Ley que pone en marcha los trámites para que los restos del dictador, fallecido en 1975, sean retirados del Valle de los Caídos, un complejo monumental que él mismo mandó construir en San Lorenzo del Escorial, al oeste de la actual Comunidad de Madrid.
La construcción del complejo, en la que participaron miles de presos políticos, fue ordenada por el dictador en 1940 para “perpetuar la memoria” de los “héroes y mártires” caídos en la “gloriosa cruzada”, término con el que se refiere a la Guerra Civil (1936-1939) que se inició con el levantamiento militar que varios generales –entre ellos Franco– protagonizaron contra el Gobierno democrático de la Segunda República.
“El Valle de los Caídos es un monumento a los crímenes de lesa humanidad, lo que pone en evidencia a toda la sociedad española: tanto al Gobierno, como a la Corona y a los partidos políticos, que conviven con criminales de guerra a los que, además, se le dan honores”, lamenta Ildefonso Gómez.
Actualmente, el Valle de los Caídos, además de albergar el cadáver del dictador Francisco Franco en un lugar que el derecho canónico reserva para papas y obispos, contiene los restos mortales de casi 34.000 combatientes en la Guerra Civil, de los cuáles más de 21.000 están identificados –la mayoría combatientes del bando sublevado– mientras que otras 12.000 pertenecen a personas desconocidas, en su mayoría integrantes del bando republicano trasladados hasta allí desde distintas fosas comunes.
Ildefonso Gómez, que fue preso político acusado de agitación y propaganda durante la dictadura instaurada por Franco tras la Guerra Civil, lamenta que los trámites para la exhumación del dictador hayan llegado más de 40 años después de su muerte e incluso se muestra escéptico sobre que estos trámites vayan a llegar a buen puerto
“Lo único que sabemos es que llevan 40 años sin querer hacer nada, eso sí lo sabemos, lo que vayan a hacer no lo sabemos”, afirma.
En cuanto a la intención del Gobierno de “resignificar” el Valle de los Caídos para convertirlo en un museo de la memoria histórica, Ildefonso insiste en que, a su modo de ver, esto no tiene sentido mientras no se lleven a cabo procesos judiciales.
En su opinión, las víctimas del bando sublevado “siembre han tenido derechos” mientras que a los familiares de los caídos en el bando republicano “solo les queda su memoria”.
“No queremos saber nada de la memoria de los golpistas, tenemos nuestra memoria republicana y no queremos un supuesto monumento de unidad nacional”, zanja el portavoz de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. (Sputnik)
